"Tengo la certeza absoluta de que se me juzga no por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar".
Andrés Manuel López Obrador, 2005
El desacato es una decisión política. El presidente López Obrador quiere empujar al Senado a un conflicto con el Poder Judicial porque piensa que lo beneficiará electoralmente. Los jueces son hoy los enemigos a modo.
La juez 17ª de distrito en materia administrativa, Celia Quintero Rico, concedió el 2 de mayo una suspensión provisional que ordena a la Junta de Coordinación Política someter al pleno del Senado el nombramiento del sustituto del comisionado Francisco Acuña del INAI. Además, otorgó un plazo de 48 horas a la Jucopo para acreditar que ya cumplió con una suspensión definitiva del 3 de marzo que le ordenó llenar las otras dos vacantes.
La Jucopo no tiene intenciones de cumplir. No ha programado un periodo extraordinario para nombrar al sustituto, ni ha tomado medidas para llenar las otras dos vacantes. Los senadores oficialistas prefieren obedecer al Presidente, quien les ha ordenado dejar inoperante al INAI.
No es esta la primera vez que López Obrador utiliza un desacato como estrategia política. Cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal heredó una expropiación en Santa Fe, realizada por su predecesora, Rosario Robles, en noviembre del 2000, para construir dos caminos. AMLO inició las obras, pero el dueño promovió un amparo y el 14 de marzo de 2001 el juez noveno de distrito en materia administrativa, Armando Cortés Galván, dictó una suspensión definitiva para detener los trabajos y ordenar al gobierno abstenerse de bloquear los accesos. Un nuevo juez noveno, Álvaro Tovilla León, determinó el 30 de agosto que habían continuado las obras y se habían mantenido los bloqueos. Una malla ciclónica impedía el acceso al predio y en el interior había equipo de excavación y construcción de Servimet, una empresa del gobierno. Se habían construido, además, caminos de terracería que no existían antes. El jefe de Gobierno declaró en un documento sometido al juez: "Es cierto que se ha continuado con los trabajos de apertura de las vialidades...". No sorprende que el juez haya declarado "fundado el incidente de violación de la suspensión definitiva".
La construcción de vías de comunicación es una de las instancias más claras del criterio de utilidad pública que exige la ley para una expropiación, pero como me dijo un juez entonces: "Parece que el jefe de Gobierno no está interesado en defenderse". El séptimo tribunal colegiado ratificó, por dos votos contra uno, la violación a la suspensión. El juez noveno mandó notificaciones al jefe de Gobierno para cumplir el fallo, pero este nunca respondió. La última notificación se entregó en mano el 14 de febrero de 2002.
No sé si los abogados no asesoraron bien al jefe de Gobierno, pero quizá este buscaba el desacato como instrumento para fortalecerse políticamente. Ciertamente lo logró.
Como Presidente, López Obrador ha recurrido al desacato y a chicanadas para violar fallos judiciales. Así, aunque el 28 de junio de 2021 la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de marihuana, ni su gobierno ni sus legisladores han tomado medidas para despenalizarla. En 2022, cuando se otorgó una suspensión para detener las obras del tramo 5 del Tren Maya, el Presidente simplemente decretó que la obra era de seguridad nacional. El desacato hoy es de la Jucopo, pero quien ha dado la orden es el Presidente, quien mantiene la doctrina del "y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley".
· PLAN B
Alberto Pérez Dayán, el único magistrado que votó contra la ratificación del desacato en 2001, ha presentado ahora como ministro un proyecto que declara la inconstitucionalidad de dos leyes del plan B electoral. La Consejería Jurídica de la Presidencia lo acusa de haber faltado a la ley por haber "filtrado" el documento. No sabe que los proyectos se distribuyen siempre antes de su discusión en el pleno.
