Insatisfacción y preocupación por la reciente solicitud de arraigo domiciliario del ex presidente municipal Antonio Villalobos Adán por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue lo que le provocó a Evelia Flores, directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) quien exigirá que se respete el daño provocado a los trabajadores del órgano operador.
Según Flores Hernández, este acto no resuelve el desfalco que se cometió en el SAPAC y que afectó a sus trabajadores, ya que el dinero no se transfirió al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
Durante la conferencia de prensa, expresó la funcionaria del órgano operador del agua que la solicitud de arraigo domiciliario del ex presidente municipal no resuelve el problema del desfalco y la reparación del daño causado a los trabajadores del SAPAC, y se espera una explicación detallada de la Fiscalía sobre su decisión.
Para ello, anunció que el SAPAC ha tomado medidas legales a fin de recuperar el dinero desviado y reparar el daño causado a sus trabajadores, y espera que la Fiscalía actúe en representación de la sociedad y salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos.
Destacó que continuará trabajando para recuperar los recursos desviados por lo que se buscarán todas las vías legales necesarias para que se haga justicia en este caso; por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a los avances del proceso y que se sumen a las acciones emprendidas por el Organismo para lograr la recuperación de los recursos.
De ahí su inconformidad por la decisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción hizo de solicitar el arraigo domiciliario para el ex presidente municipal, en lugar de la prisión preventiva oficiosa que se había impuesto previamente.
En este sentido, el Comisario del SAPAC, Eleael avecedo mencionó que el objetivo es que se respete el debido proceso y que se garantice la reparación del daño causado al Organismo y a los trabajadores que han resultado afectados por el desvío de fondos. Además, señaló que es importante que se explique a la sociedad la razón detrás de la decisión de solicitar el arraigo domiciliario para el ex presidente municipal.
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Mientras que el director jurídico del SAPAC, Carlos Alberto Molina Joaquín, respaldó esta postura, afirmando que la Fiscalía tenía argumentos sólidos para solicitar una prisión preventiva, en lugar de un arraigo domiciliario, debido a los antecedentes de intentos de evasión de la justicia por parte del ex presidente municipal. Molina Joaquín ha señalado que el SAPAC ha tomado medidas legales para recuperar el dinero desviado y reparar el daño causado a sus trabajadores.