El 10 de enero de 2023 escribí en este espacio:

“La batalla por la democracia que libra México es, en muchos sentidos, una batalla legal.

“Los cambios planteados por el actual gobierno están sujetos en sus logros a la prueba de los hechos, pero están sujetos también a revisión constitucional.

“Por su mayor parte, esos cambios están fundados en lo que habría que llamar legalidades de facto (legalidades sujetas a revisión) de un gobierno de mayoría, cuyas leyes y decretos cruzan los linderos de la inconstitucionalidad.

“La Corte presidida por Arturo Zaldívar pospuso su juicio sobre muchas de estas ilegalidades, impuestas por el gobierno. Por ejemplo, casi todo lo relativo a la militarización del gobierno civil, esencial en el diseño del país que México debe ser.

“Otro universo fundamental que espera el juicio de la Corte es el que conocemos como plan B de legislación electoral, consistente en una batería de leyes grosera, explícitamente, inconstitucionales, dirigidas a lisiar el presupuesto y la operación del Instituto Nacional Electoral.

“La recuperación que ha hecho la Suprema Corte de su autonomía permite esperar un arbitraje cabal, ni en favor ni en contra, simplemente constitucional, sobre estas y otras cuestiones cruciales que, en manos de un gobierno sin controles, representan el riesgo de una pura y dura regresión democrática”.

Hasta aquí la columna del 10 de enero.

De entonces para acá, la Corte ha ejercido sus facultades de control constitucional sobre los otros dos poderes de la República.

Falló contra la inconstitucionalidad de la ley que militarizaba la Guardia Nacional, un cuerpo de naturaleza y mando civil.

Y falló anteayer contra la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B electoral, destinado a regresar la democracia mexicana al control del gobierno.

Creo que asistimos a un momento inédito en la historia de nuestra división de poderes.

El momento es éste: durante una batalla abierta con el Presidente, la Suprema Corte aparece como el poder real que debe ser, conteniendo los excesos del Presidente y de su mayoría legislativa, en defensa de los derechos constitucionales de todos los mexicanos.

La batalla forjó a la Corte.