La patraña del cártel inmobiliario

Dos prominentes machuchonas del cuatroteísmo poseen departamentos en City Towers, el emblemático desarrollo del “cártel inmobiliario” que inventó la Fiscalía capitalina para minar al Partido Acción Nacional y sus aliados de la oposición, pero sobre todo entorpecer la carrera del alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, resuelto a suceder a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México en las elecciones del 24.

Ellas son la ministra de la Suprema Corte y las tesis de licenciatura y doctorado en Derecho que contienen textos de otros autores, Yasmín Esquivel Mossa, y la ex diputada local y actual alcaldesa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez.

La compraventa de los departamentos no las implica en ilícito alguno. Consigno el hecho solo porque uno de los contratos, el de Esquivel, está firmado por el empresario y testigo protegido que inculpa a Taboada como parte de una banda delictiva, Dionisio González García. El convenio con Yasmín tiene fecha 31 de mayo de 2012, y el de Evelyn 12 de septiembre de 2018.

Yasmín pagó 2 millones 371 mil 480 pesos y Evelyn 5 millones 895 mil 651 con 11 centavos, la primera por el departamento F1303 nivel 13, de 91 metros cuadrados, dos recámaras y cuarto de televisión, y la segunda por el D004, nivel 10, de 97.60 metros, con tres recámaras.

En el de la señora de los plagios, por City Towers firmó como “vendedor” Dionisio González García y con la hoy alcaldesa, en nombre de City Coyoacan 6 SA de CV, el arquitecto Eduardo Miranda Soriano.

Cuando compró su departamento, Esquivel era magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, y Evelyn era diputada en el congreso capitalino.

Sobre González García pesa el problema legal de haber tramitado escrituras con documentos distintos a los registrados en la alcaldía Benito Juárez, lo que explica su papel acusatorio.

Para inculpar también al ex titular de la demarcación Christian Von Roehrich y al ex funcionario de la alcaldía y ahora diputado local, Jorge Romero Herrera, Dionisio asegura (en un video en que se infiere que está leyendo lo que le ordenaron) que en febrero de 2019 remodeló un edificio dañado por el sismo de septiembre de 2017; que le comenzaron a pagar en mayo y que le quedaron a deber (no dice quienes).

Lo cierto es que para esos trabajos, la alcaldía BJ convocó, pero hasta julio, una licitación pública nacional por 9 millones de pesos y otorgó una adjudicación directa, ninguna en que figurara Dionisio, y que el primer pago lo hizo el gobierno central de la capital (no Taboada) en agosto.