-Mi preciosa, ¿cómo están, amor?
-Bien, amor, en la casa.
-Ok, amor. Ya casi termina la reunión. ¿Ya comieron?
-Sí. ¿Cómo vas? Procura llegar a buen tiempo, mi vida, por favor. Vente con cuidado. Tómate un cafecito o algo, para que no te vayas a dormir en el camino.
-Ya en camino, amor.
Eran las 6:52 de la tarde del 15 de enero cuando Ricardo Lagunes envió este último mensaje a su esposa. Había pasado el día compartiéndole su ubicación. Salió temprano de Colima. Llegó a Aquila, en Michoacán. Iba de regreso. Nunca llegó a su casa. En el camino, unas personas dispararon a las llantas de la camioneta que conducía, lo sacaron a él y a Antonio Díaz, un líder comunitario michoacano. Dejaron el celular de uno, se llevaron el de otro.
Esta semana, se cumplieron cinco meses desde la última vez que María de Jesús Ramírez, la esposa de Ricardo, supo de él. Lo último de lo que se enteró fue que había viajado a una reunión con comuneros de Aquila.
Lagunes ha ayudado a litigar conflictos legales en la comunidad contra otro grupo en la región comunal, que la asamblea (el órgano principal de gobierno en estas comunidades, según los usos y costumbres) ha sancionado por malos manejos. En esa tierra se asienta una enorme mina de hierro, que explota la empresa Ternium. Ellos rentan las tierras a la comunidad para explotar la mina.
Unos meses antes de que desaparecieran, los comuneros se reunieron con autoridades federales, locales, con la empresa, para tratar de resolver el conflicto. Ellos querían que todos los comuneros eligieran un comisariado, y que la comunidad recibiera en una cuenta colectiva el dinero por la renta de las tierras comunales, que ha estado retenido en un tribunal agrario como parte del conflicto legal.
En el otoño de 2022, las cosas empeoraron. Antonio recibió amenazas. Estuvo un par de meses desconectado, temeroso. Luego, dijo a sus compañeros lo que estaba sucediendo. El abogado decidió acompañarlo en nuevos litigios y visitar la comunidad. Desde entonces su familia lo está buscando.
Las autoridades encontraron que uno de los comuneros estaba en la misma ubicación que una persona que participó en el secuestro del abogado y el líder comunitario. Arrestaron a varias personas como parte de las indagatorias por el caso. Consiguieron un testigo. Poco después, lo asesinaron y lo desmembraron.
Ramírez sigue sin saber de su esposo, sin entender qué pasó, ni cómo. Dos semanas después de la desaparición, un representante de la empresa Ternium le dijo que se habían contactado con autoridades, pidiéndoles que se esforzaran en resolver la situación. Dijo que les habían respondido que "le estaban dando prioridad".
En un reporte a sus inversionistas en la bolsa de Nueva York, Ternium dijo que "una disputa interna de larga data ha afectado la gobernabilidad de la comunidad y, recientemente, dos importantes líderes comunitarios desaparecieron". La desaparición, para la compañía, era "un riesgo" del que debían advertir a sus inversionistas. Les afectaba, dice el reporte, porque "estos eventos han provocado una gran agitación dentro de la comunidad y nos han obligado a cerrar temporalmente nuestras operaciones mineras en Aquila".
Mientras la compañía habla de las afectaciones a su negocio, en una comunidad asentada en 21 mil hectáreas en la segunda reserva mineral más grande de México, Ramírez lleva cinco meses buscando a su esposo. En este tiempo, los colectivos de búsqueda han localizado más de 35 cadáveres en fosas clandestinas en predios agrícolas cercanos al sitio de la desaparición.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ha investigado el caso. Dice Ramírez que, en Colima, donde ocurrió la desaparición, solo nueve personas de la Fiscalía local se encargan de todos los casos de desapariciones, desde la búsqueda hasta la exhumación de los cuerpos. "El Estado debe asumir su responsabilidad y presentarlos de inmediato", me dijo ella.
En los últimos años, se han multiplicado en México las desapariciones y asesinatos de líderes comunitarios y defensores ambientales. Casi siempre, la violencia ocurre en un contexto de lucha política en sus comunidades o de resistencia a proyectos empresariales. Muy pocos casos se han resuelto. Que este no sea uno más.
@penileyramirez