Una vez más el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, titular de la inútil y rollera Comisión Para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se va sobre los jueces a cargo de procesar a los implicados en la masacre de los 43 normalistas rurales.
Y lo hace en el contexto de la ruin embestida de la 4T contra el Poder Judicial.
En su página web, cuestiona la absolución del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y el líder criminal Sidronio Casarrubias Salgado del delito delincuencia organizada, porque la Fiscalía General de la República fue incapaz de siquiera demostrar la existencia de la narcobanda Guerreros Unidos y su participación en ésta.
Alejandro había ya acusado a los juzgadores por diversas liberaciones de involucrados en la matanza y prometió denunciarlos, pero nada informa de las consecuentes acciones legales que debió emprender mientras los jueces de sus reproches continúan campantes en sus funciones.
Casi todos los fallos a favor de los homicidas son recusables, pero la pasividad de Encinas para remediar las deficiencias ministeriales, muy señaladamente las del infame ex fiscal Omar Gómez Trejo, no lo motivan para dedicarle aunque sea una mínima crítica.
La FGR de Alejandro Gertz Manero también es culpable de las indebidas liberaciones porque ha podido, en todo momento, ofrecer las pruebas de la plena responsabilidad penal de los sicarios de Guerreros Unidos, policías y funcionarios de distintos niveles.
Muchas de esas probanzas derivan de la extinta PGR, pero sobre todo de la profunda investigación y ejemplar recomendación de la CNDH anterior a la de la incondicional cuatroteísta Rosario Piedra.
¿Por qué no se han llevado a los tribunales esas evidencias ni enviado al laboratorio de Innsbruck los 114 restos óseos que seleccionó la oficina especial de José Larrieta para su análisis genético?
La omisión es criminal, porque la recomendación se emitió a dos días de comenzar el actual gobierno.
El motivo de la negativa es que la CNDH comprobó la sucesión de los hechos en el basurero de Cocula, coincidente con la llamada “verdad histórica”. Es la única sinrazón para mantener en prisión (están matándolo) al ex procurador Jesús Murillo Karam.
La maraña tiene entrampados a Encinas, la comisión que preside, el corrosivo GIEI, la FGR, el presidente López Obrador y a todos los detractores de la detestada verdad.
Festejan que haya encarcelados, pero la captura de 28 de ellos fue gracias a las primeras investigaciones de la Fiscalía de Guerrero cuando la dirigió Iñaki Blanco.
Ahora se quejan, pero antes promovían, incentivaban y celebraban sus ridículos “avances” y alentaban en los deudos esperanzas infundadas, inclusive cuando comenzaron las ilegales liberaciones.
Y todo por negar la quema de los cuerpos en aquel muladar, porque esto favorecía su demagógica estrategia políticamente “correcta”.
Aseguraban que los sicarios eran unos pobres e inocentes “albañiles”.
Hoy lloriquean ante abominables decisiones
judiciales…