Los ministros de la Primera Sala de la SCJN determinaron infundado el reclamo de los legisladores que buscan dinero sólo para sus municipios.
Ahora fueron los ministros de la 1a Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que volvieron a corregir la plana a los diputados del G-15, al desecharles el recurso con el que reclamaron la suspensión del Fondo de Infraestructura Regional Municipal con el que pretenden beneficiar a los municipios que gobiernan sus aliados políticos, amigos y familiares.
En la sesión de ayer del Pleno, los ministros que integran esta Sala, aceptaron como procedente la reclamación, pero la calificaron como infundada, por ello el acuerdo fue desecharla.
Esto implica que sigue vigente la suspensión que la semana pasada otorgó la Segunda Sala en el recurso de revisión que promovió el Poder Ejecutivo contra la ministración de los recursos del Fondo.
Cómo se sabe, el año pasado, de forma unilateral los diputados del PAN, PRI, PT, MC, Nueva Alianza y parte de Morena, aprobaron el Fondo como parte del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.
Quitaron recursos a diferentes rubros del gasto para favorecer la obra pública en los municipios aliados, y de esa manera promoverse electoralmente adjudicándose como un “logro” personal, las obras que serían financiadas con el dinero del Fondo.
Entre los principales reclamos, está la inequidad con la que ellos mismos distribuyeron los 500 mdp, entre los 36 municipios, de los cuales dejaron sin un peso a por lo menos la mitad.
El Gobierno del Estado ahora tiene más confianza en que la controversia contra el decreto del Presupuesto, en la que demandó la invalidez de dicho Fondo, sea resuelto a favor.
En dicho decreto, los diputados incluyeron en los artículos 33º Bis y 33º Ter la creación del Fondo, y en los anexos 11-A y 11-B la forma en la que serían distribuidos, privilegiando principalmente a los municipios de Yecapixtla, Yautepec y Cuernavaca.