Al viejo estilo del corporativismo priista, los gobernadores y gobernadoras de la 4T hacen el patético ridículo de decirles a la presidenta constitucional de Perú, Dina Boluarte, y al Congreso de esa nación: “Pueden declararnos también personas non gratas” (como al presidente López Obrador).

Dicen también esta babosada:

“México ha estado en contra de golpes de Estado y actos autoritarios que deponen presidentes, como ha ocurrido en Perú” y defienden al impresentable Pedro Castillo, “quien fue separado de su cargo ilegalmente y encarcelado injustamente”.

No: sobre ese sujeto pesan cargos de corrupción que no se atrevió a litigar, pretendió disolver el Congreso y dio un autogolpe de Estado.

El ofensivo y abierto intervencionismo del mandatario mexicano tiene dos motivos, el primero ideológico, al hacer equipo con regímenes de cuestionable “izquierda” latinoamericana para competir contra el verdadero líder regional: Luiz Inácio Lula da Silva. 

Deplorable tarea condenada al fracaso, pues el brasileño es un estadista mucho más respetado fuera y dentro del Continente.

El segundo móvil es interno: exorcizar el desafuero que AMLO experimentó y hacer concesiones simbólicas al ala más delirante de Morena que simpatiza con el Foro de Sao Paulo en que se agrupan Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, de la que forman parte Héctor Díaz-Polanco, Paco Ignacio Taibo II, Luciano Concheiro, Marx Arriaga, El Fisgón y el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes.

Es en absoluto improcedente que López Obrador juzgue si la Constitución peruana fue violada o no por ser asunto que solo compete a los peruanos.

Su intervencionismo es un grave error por atentar lo mismo contra la propia soberanía que contra la coherencia y prestigio de la otrora confiable y consistente política exterior de México.

Vulnera la soberanía nacional porque debilita la autoridad de México para exigir a otros países abstenerse de intervenir en los asuntos internos de la nación mexicana y dinamita la prestigiosa Doctrina Estrada que tanto se aquilataba en el mundo, en particular con el principio de que México no reconoce ni desconoce gobiernos, mantiene o suspende relaciones diplomáticas ni califica la legitimidad de un gobierno extranjero.

Al negarse a entregar la presidencia temporal (pro tempore) de la Alianza del Pacífico, el Presidente daña la relación bilateral con el gobierno peruano y otros gobiernos latinoamericanos —como el de Chile, que con toda razón su presidente Gabriel Boric Font apoyó que Perú reciba de México esa jefatura—, pues afecta el mecanismo de integración regional que define políticas comerciales conjuntas con los demás países externos a la Alianza. 

¿Alguien de la nomenklatura del oficialismo sabrá que el gobierno de Boluarte goza del reconocimiento mundial y que las excepciones (en primer lugar y bochornosamente México) se cuentan con los dedos de una mano?

La ley es la ley: por no acatar el mandato de no intervención, AMLO viola de manera flagrante la Constitución.