Hay muchos elefantes en la sala de la política mexicana.

Uno es la naturalidad con que se construye el más desfachatado mecanismo de elección de Estado que hayamos conocido.

Su pieza clave de inducción y compra del voto son los programas sociales, que se utilizan como promesa y como amenaza. Los mueven a ras de tierra los llamados Servidores de la Nación y, desde Palacio, el Presidente mismo, que dice todo muy claro:

¿Quieren que sigan los programas? Ya saben por quién votar. ¿Quieren que se interrumpan? Ya saben también.

Promesa y amenaza.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió en este punto un criterio del INE, según el cual esta inducción del voto era parte de la libertad de expresión del Presidente.

Determinó que “era necesario vincularlo a abstenerse de emitir expresiones y declaraciones de índole electoral”.

Bienvenido el criterio del Trife, que luego el INE también adoptó, pero tiene una sanción mínima: retirar de la difusión institucional lo que el Presidente ha dicho ya y circula por mil lados.

A la manipulación ilegal de los programas sociales hay que añadir otras ilegalidades.Todo el oficialismo está metido de cabeza en campañas anticipadas que violan la ley. La abundancia de recursos monetarios aplicados a propaganda electoral de candidatos gobiernistas salta a la vista.

Los miembros del gabinete y los gobernadores de Morena tienen consignas de intervención y encargos operativos en los procesos electorales en curso del Estado de México y Coahuila.

La elección de Estado incluye un aliado no visto hasta este sexenio: el crimen organizado, que actuó decisivamente en 2021, en favor de Morena, en Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Quintana Roo y en el propio Estado de México, donde impuso a la actual presidenta de Valle de Bravo. Actuó también el año pasado en Tamaulipas, a favor del candidato oficial, Américo Villarreal. Y hay, en medio de todo, la represión olvidada de Ricardo Anaya. Acusado de un delito falso, el contendiente presidencial de 2018 está en el exilio, sin poder volver a México, porque si vuelve lo meten a la cárcel.

En caso de conflictos pre o poselectorales, quedan en reserva la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.