Por el nulo respeto que al presidente López Obrador le merece el Parlamento Europeo, a cuyos integrantes reprochó hace un año “que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación” porque manifestaron preocupación por los derechos humanos y la libertad de expresión en México (a quienes recomendó: “Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones”), quizá este jueves también sea satanizado el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, quien osó declarar ayer:

“Vemos un Poder Judicial fuerte, en particular a nivel federal, con magistrados que están haciendo su trabajo con mucha conciencia profesional. Como cualquier institución, puede haber casos de corrupción, de fallas profesionales, y eso cada institución lo tiene que resolver, pero nosotros confiamos en la solidez del sistema judicial mexicano y en particular del Poder Judicial…”.

No es, obvio, la visión cuatroteísta sobre el Poder que encabeza la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a quien hace dos lunes un poderoso funcionario relacionó con actividades imaginariamente ilícitas.

Al virtual comisario político-policiaco que dirige la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, le bastó que en el Consejo de la Judicatura Federal trabajara una ex empleada administrativa de la extinta Policía Federal para implicarla en presuntos actos de corrupción de Genaro García Luna y usarla para intrigar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia.

Sonia Vargas Terrero es la difamada que, ante la persecución, tuvo que renunciar la semana pasada (el 25 de mayo), cuando llevaba menos de tres meses como directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal.

Con una dignidad que contrasta con la impunidad del indiciado, pero protegido titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño (responsable clave de los eufemísticos “refugios” o “estaciones” como el incendiado en Ciudad Juárez que mató a 40 personas), Sonia optó por dejar su trabajo tres días después de ser señalada para enfrentar una orden de aprehensión como probable responsable de la firma de contratos dizque chuecos por 71.6 millones de dólares en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De las alegres cuentas de Gómez se infiere que la hipotética participación de Vargas Terrero equivale a 10 por ciento del “gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares” a que se refirió el persecutor de la UIF, quien afirma que García Luna encabezó una pandilla de prestanombres para saquear el erario.

Lo que no explicó el machuchón es por qué, como con la ministra Piña, no dijo que Sonia trabajó también ¡cuatro años! (2019-2023) para la Fiscalía de Alejandro Gertz como directora de Gestión de Partes Aéreas y seis meses para la cancillería de Marcelo Ebrard en Gestión de Pagos y Operación Financiera…