ESTRATEGIAS

Uno se habría imaginado que después del escándalo mediático generado por el asesinato de los tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública cuyos cuerpos fueron abandonados en la comunidad de Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, la zona limítrofe entre la ciudad de México y Morelos estaría “sitiada” por policías federales, estatales, Ejército y Marina.

Quizás por esa circunstancia la pareja formada por Roberto y Susana (nombres ficticios para proteger su identidad) decidió tomar la carretera federal México—Cuernavaca para regresar a su hogar pasadas las 10:30 de la noche del pasado miércoles 24 de mayo, después de un intenso día de trabajo en la capital del país.

Pero por increíble que parezca no fue así. Lo pudieron confirmar a lo largo de toda la carretera y al pasar por Tres Marías, que emulaba un pueblo fantasma donde no había nada, ni patrullas ni gente.

Siguieron bajando por la carretera en su vehículo, y al pasar el kilómetro 60+800, vieron pasar tres carros juntos que los rebasaron a toda velocidad. Metros adelante se detuvieron, por lo que Susana —que iba manejando— tuvo que frenar repentinamente.

De la oscuridad surgieron seis sujetos que se cubrían el rostro y portaban armas, exigiendo con palabras altisonantes que salieran de su auto. La mujer entró en shock e intentó echarse de reversa y luego cambió nuevamente la palanca de velocidades, sin hacer caso de los gritos, hasta que una bala penetró por la ventanilla y le dio en el brazo.

Roberto trató de calmarla y la convenció de que no tenían otra opción que obedecer, así que salieron de su vehículo y subieron a otro que ya los esperaba con las puertas abiertas. Regresan a Tres Marías por donde está una gasolinera y toman por un camino de terracería.

Llegan a un paraje donde les ordenan que se bajen y comienza el interrogatorio. ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto ganan? ¿Qué propiedades tienen? Les dicen que tienen que reunir 200 mil pesos en dos horas si es que quieren salir con vida.

Comienzan a hacer llamadas a sus amigos, a los que primero tienen que convencer de que no se trata de una broma o de un intento de extorsión. Pasa el tiempo, y los delincuentes se van a recoger el rescate dejando solamente a dos que se escuchaban bastante decentes. “No se preocupen, todo va saliendo bien, ya entregaron el cash”, les dijeron.

Ambos sabían que eso no era garantía de preservar la vida, pues en otros casos los secuestradores matan a las víctimas después de cobrar el rescate, así que comenzaron, cada uno en su mente, a despedirse de este mundo.

Por fortuna les tocó un grupo de delincuentes que sí cumplió su palabra. Recibido el dinero, los subieron al mismo vehículo que los trajo (el suyo no lo volvieron a ver) y los dejaron a la orilla de la carretera, donde la pareja comenzó a caminar en espera de que apareciera alguna patrulla.

Un rato después se detuvo un vehículo particular. Eran sus amigos de la pareja que los estaban buscando a lo largo de la carretera.

La herida en el brazo de Susana parecía ser un rozón, pero aún así requería atención médica. Llegaron primero a una clínica en la colonia Tlaltenango, pero de ahí les recomendaron que mejor se fueran al hospital Parres. Comenzaba a amanecer.

En el nosocomio fueron atendidos y lo que escucharon de las enfermeras los dejó perplejos: en los últimos días han llegado varias parejas con heridas en el cuerpo, todas provenientes de Huitzilac que refieren haber sido víctimas de secuestro exprés o intento de asalto.

Pero no solamente ocurre en la carretera federal México-Cuernavaca, sino también en la autopista del Sol, donde unos días antes una mujer no quiso detener su vehículo y recibió un balazo en la cabeza que le costó la vida al llegar al hospital.

Recientemente la ex fiscal especial antisecuestros, hoy magistrada del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández, hizo unas declaraciones tan preocupantes como ciertas: “En Huitzilac, la violencia se hereda”.

Al no haber freno a la tala clandestina, los antepasados aprendieron a que podían apoderarse de lo que quisieran sin consecuencias y esto lo transmitieron de generación en generación para de esta manera romper el tejido social.

Estos comportamientos fueron heredados por los hijos de parejas de “selectos” apellidos, que crecen pensando que a pesar de que algo no es suyo, lo pueden obtener.

“Históricamente ha habido grupos delictivos, pero casi todos tienen por nombre el apellido de la familia; son diferentes familias. Ya se han detenido por diferentes delitos a los bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, y ya vienen los tataranietos; son familias que tienen estructuras muy grandes”.

La “normalización” de estas acciones trajo como consecuencia que la propia gente impida que detengan a quienes cometen algún delito

“¿Por qué?, porque para ellos es muy normal seguir talando los montes. Hay mucho por hacer desde el campo social, económico, cultural, de trabajo, para construir una mejor ciudadanía”, externó.

Y tiene razón Adriana Pineda. Quienes llevamos más de tres décadas cubriendo temas de delincuencia organizada, recordamos perfectamente los apellidos de aquellos integrantes de bandas de secuestradores y/o violadores que han sido detenidos (casi siempre producto de una casualidad, no de una investigación) y que hoy purgan condenas en el Penal de Atlacholoaya.

Si los comparamos con los jóvenes que han sido capturados últimamente, resulta que son los mismos apellidos.

Lo peor del caso es que, en Huitzilac, “todo mundo” sabe quiénes son los que se dedican a actividades delictivas, y no los denuncian por temor a represalias.

Sin embargo, si cada corporación hiciera el trabajo que les corresponde, la guardia nacional, el Ejército, la Marina, la Comisión de Seguridad Pública del estado y la Policía Municipal de Huitzilac, se podría ir cerrando el círculo de la delincuencia en esa localidad.

Aunque sea manden unas patrullas que hagan como que están cuidando para preservar el poco turismo que queda.

HASTA MAÑANA.