A finales de abril de este año el Congreso mexicano aprobó un paquete de 20 leyes, las cuales han sido fuertemente cuestionadas por la rapidez y la forma con la cual fueron aprobadas, señaladas por violar preceptos constitucionales. En ese paquete se aprobó la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, misma que fue promulgada el pasado 8 de mayo, circunstancia que ha suscitado fuertes debates entre la clase política y las comunidades académicas y de científicos.
No dudo que la pasada ley tuviera rezagos y debilidades o bien ya no fuera vigente ni eficaz ya que databa del año 2002 y como suele ocurrir en nuestro país, al amparo de sus bondades surgieron grupos de académicos que se aprovecharon de sus debilidades para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores cuyos aportes a la ciencia pueden ser cuestionados. Siempre habrá excelentes investigadores, que con ley o sin ella, son reconocidos por sus aportes a la ciencia, pero habrá otro grupo, quizás los menos, que necesitan de las trampas de la ley porque son cuestionados por sus magros resultados.
La nueva ley, al decir de algunos integrantes de las comunidades de científicos, la tildan de centralista, autoritaria y discriminatoria. Verificando el contenido de la citada ley, parece que no les falta razón, les da voz en el Consejo Nacional, pero en el artículo 68 el cual refiere a la integración de la Junta de Gobierno (donde se toman las decisiones) en efecto, no tienen voz, está integrada por los titulares de 12 secretarias de estado, entre ellas la de Marina, de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no figura la UNAM ni el Politécnico Nacional y; por ello, los epítetos aludidos.
Más allá de los pros y contras que puede tener la nueva ley. Las leyes en nuestro país, invariablemente, tienden a favorecer a los intereses o propósitos del grupo político que las propone. Es sabido quienes las hacen conocen la trampa, se dice en el argot jurídico.
Generalmente las leyes en México están llenas de postulados y principios garantistas en torno a los derechos sociales y humanos dónde el deber ser son el fundamento esencial.
Pero el punto central de la presente reflexión es aprovechar el malestar que la nueva ley ha generado. Me parece, que se debe aprovechar el momento político, para convocar a un gran debate en torno al estado que guarda la ciencia en México. Todo parece indicar, que la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, será declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los errores de procedimiento cometidos en su aprobación apresurada son claramente violatorios del artículo 72 de la constitución.
Luego entonces es pertinente hacer un llamado a la comunidad de científicos en el Estado Morelos, no olvidar que nuestra entidad federativa cuenta con importantes centros de investigación, repensar la ciencia es un buen momento coyuntural y provocar cuestionamientos, por citar solo algunos: ¿Cuál es el status real de la investigación científica en nuestro país?
¿Cuántas patentes tecnológicas, producto de investigaciones científicas mexicanas, se registran al año a nivel internacional? ¿Qué porcentaje del PIB está dispuesto el Gobierno mexicano a invertir en la nueva ley? ¿Qué tanto la ciencia que se hace en México es competitiva a nivel global? ¿Qué tanto nuestro sistema educativo nacional forma cuadros para la investigación científica, social, tecnológica e innovación? ¿Qué tanto nuestros científicos están preparados para los cambios disruptivos que están configurando el futuro de la humanidad?
Es cierto que hacer investigación científica cuesta mucho dinero, de ahí la necesidad que el Estado mexicano esté dispuesto a invertir en investigación, pero también se necesita que los empresarios y la sociedad inviertan en investigación. Simple y sencillamente, sin investigación científica, sin desarrollo tecnológico y sin creatividad e innovación no hay progreso en nuestro país, solo dependencia de lo que hagan los otros.