El triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México se debió, fundamentalmente, a la intervención ilegal del Presidente de la República.

Para Alito Moreno y Marko Cortés eso no ocurrió y tampoco es necesaria la autocrítica.

Es más fácil, y menos riesgoso, culpar al gobernador que señalar al Presidente. Y nada de autocrítica. “Vámonos a lo que sigue”.

Los líderes del PAN y el PRI actúan como si no tuviera importancia la conducta ilegal del Presidente, que orientó el voto casi a diario desde Palacio Nacional.

Eso está prohibido por la ley electoral.

“Qué gran político es AMLO, pues transfiere su popularidad a una candidata impreparada para el cargo como la maestra Delfina Gómez”, dicen y hemos dicho.

Sí, y lo hace gracias a pasarse la ley por el arco del triunfo. Y las resoluciones del Tribunal Electoral y del INE, también.

“A mí no me van a callar porque estoy ejerciendo mi derecho”, dice el Presidente y se sigue de frente: “¿Quieres que te quiten la ayuda para adultos mayores? Entonces ya sabes por quién tienes que votar”.

Lo mismo los precandidatos de Morena que hicieron campaña en el Estado de México. Es ilegal.

Apenas el sábado a Claudia Sheinbaum le prepararon un mitin de campaña en Puebla con miles de personas. ¡Presidenta! ¡Presidenta!, clamaba la multitud.

Y un hermano del Presidente, Ramiro, repartía volantes y calcomanías en calles de Villahermosa con la leyenda “En la encuesta, Claudia es la respuesta”.

Todo eso es ilegal y echa por tierra la posibilidad de una contienda medianamente democrática el próximo año.

La primera tarea es reclamar ante el tribunal que el Presidente y su partido cumplan la ley y se castiguen sus delitos electorales.

Desde el inicio del siglo ningún presidente ha intervenido en las elecciones, porque está prohibido. Hay alternancia. Con AMLO eso se acabó. Y los partidos que perdieron el Estado de México el domingo buscan culpables entre sus propias filas.

Perdí la cuenta de las veces que ha sido amonestada la jefa de Gobierno por actos anticipados de campaña. La reiteración de la falta tendría que inhabilitarla, pero no hay autoridad que se atreva a dar ese paso. Ni lo exigen los dirigentes opositores.

Tampoco hay sanciones por la utilización de los programas sociales como instrumentos para condicionar el voto. Eso lo hacen los promotores de Morena que trabajan en la Secretaría del Bienestar, con el nombre de Servidores de la Nación. También lo hace el Presidente.

Y los líderes y precandidatos de la oposición sólo hablan del método para seleccionar al abanderado, que por cierto aún no definen.

Pregunto, van a elegir candidato a qué. Al matadero, porque sin legalidad no hay triunfo posible.

Santiago Creel, un gallo muy jugado, ya salió a promocionar las encuestas que le dan ventaja sobre otros aspirantes panistas. Y Alito Moreno trae camisas con su apodo en letras gigantes, para recordarnos su arrolladora popularidad y el magnetismo de su simpatía personal.

Del otro lado del flanco opositor, Dante Delgado se encarga de golpear a los partidos democráticos y no a Morena.

Sentado junto a Ivonne Ortega, exgobernadora priista de Yucatán, el exgobernador priista de Veracruz ataca al PRI y al PAN porque “le han fallado a México”. Con ellos está en la mesa el apreciado Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud federal en el gobierno del PAN.

Con ley y unidad en torno a una candidatura, sí se puede vencer a Morena y sus colguijes. Pero no hay ley ni buscan la unidad. Algunos opositores francamente enloquecieron.

Y lo que hay en el futuro próximo, tan próximo como el año que entra, es una agenda legislativa atómica que anunció el propio Presidente, para la cual necesita mayoría calificada en el Congreso.

Esa agenda, ha dicho, es cambiar a los integrantes de la Corte para elegir a otros mediante votación popular. Desaparecer al INE y crear otro órgano electoral. Desaparecer el Inai. Y meter a los militares hasta en la sopa.

En manos del Ejecutivo quedarán el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el control de las elecciones, no se rendirán cuentas del dinero público a los ciudadanos que lo demanden, y el Ejército será brazo armado de un proyecto político.

Ahí está lo que cualquier demócrata está en la obligación de poner su grano de arena para frenar. Los dirigentes de la alianza y MC no piensan lo mismo, al menos por ahora.