El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado por la presunta comisión de siete delitos federales por el manejo de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, y retuvo allí pese a los requerimientos para que los entregase. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha decidido dar el histórico paso tras culminar su investigación y la imputación ha sido aprobada por un gran jurado en Miami (Florida). El expresidente está citado a comparecer el martes ante el tribunal.
El propio Trump lo ha anunciado en su red social. “La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparca su Corvette, y que está ‘asegurado’ solo por una puerta de garaje que es de papel fino, y abierta la mayor parte del tiempo”, ha escrito en un mensaje.
El Departamento de Justicia no ha hecho públicas aún las acusaciones contra Trump. Los abogados de Trump han adelantado que se trata de siete cargos, entre otros por conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje. La conspiración implica que alguien más ha participado junto al expresidente. Jim Trusty, abogado de Trump, lo ha indicado en una entrevista con la CNN. Trusty ha precisado que lo que tiene no es la imputación como tal, sino una especie de sumario de cargos donde se citan algunos artículos del código penal estadounidense.
Trump ya hizo historia al ser imputado por 34 cargos de falsedad derivados de tres pagos para ocultar escándalos (uno de ellos una aventura extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels) en la campaña de las presidenciales de 2016. Un juez de Nueva York ha fijado para el 25 de marzo de 2024 el juicio del caso.
Ahora es la primera vez, de nuevo, en que un presidente o expresidente es objeto de cargos federales. Además, están relacionados con el ejercicio de su cargo. Además, su imputación se produce cuando es el favorito a la nominación en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024. De ese modo, el Departamento de Justicia de la Administración Biden persigue penalmente a quien se perfila como posible rival del actual presidente en las elecciones de noviembre del año próximo.
“He sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el martes, a las 15.00 horas. Nunca creí posible que algo así pudiera ocurrirle a un expresidente de los Estados Unidos”, ha escrito Trump en otro mensaje. “¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, ha añadido. “Este es realmente un DÍA OSCURO para los Estados Unidos de América. Somos un país en serio y rápido declive, ¡pero juntos haremos que América vuelva a ser grande!”, ha publicado en el tercer mensaje de la serie, que ha culminado con la publicación de un vídeo de algo más de cuatro minutos. En paralelo, la campaña de Trump ha empezado a enviar correos electrónicos para pedir donaciones con la imputación como excusa.
Trump ya estaba preparándose en los últimos días para una posible imputación. Los fiscales habían comunicado formalmente a sus abogados que era objetivo de la investigación y él mismo reaccionó el miércoles declarando que no había hecho nada malo, que las acusaciones eran una forma de “interferencia electoral” para que no volviese a la Casa Blanca y que todo se trataba de una “caza de brujas”.
El expresidente ha recibido la comunicación de su imputación en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde ha estado en los últimos días. Según su abogado, ha recibido la noticia con incredulidad y tristeza, pero consciente de que era un momento histórico. Tendrá que desplazarse a Florida para comparecer el martes ante el juzgado donde está citado, en lo que puede ser la reedición de la lectura de cargos que ya vivió en Nueva York a principios de abril. Aquella citación atrajo a cientos de periodistas y manifestantes a favor y en contra el expresidente, aunque no hubo nada de la “muerte y destrucción” que había vaticinado.
Algunos de sus aliados han reaccionado este jueves en Twitter a la nueva imputación calificando a Estados Unidos de “república bananera”. En cuanto a los rivales en las primarias republicanas, algunos han guardado silencio, mientras que los hay que han ofrecido apoyo a Trump y se han comprometido a indultarle llegado el caso, como el empresario Vivek Ramaswamy, y quienes le atacan abiertamente, como el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, que ha pedido que el expresidente se retire de la carrera electoral.
La imputación del expresidente es un salto cualitativo en un caso que provocó el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida). El contenido de la orden de registro ya desveló entonces que el expresidente estaba siendo investigado por posibles delitos que pueden conllevar multas o penas de cárcel: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos público y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional.
Los agentes del FBI que registraron la mansión de Trump encontraron miles de documentos que el expresidente retenía allí indebidamente, entre ellos un centenar con marcas de clasificación con diferentes grados de confidencialidad. El registro se producía después de que el expresidente se hubiese llevado ilegalmente los documentos de la Casa Blanca y de que hubiera desatendido los requerimientos para entregarlos.
Trump se llevó los documentos al cesar como presidente en enero de 2021, en un traspaso de poder dos semanas después del asalto al Capitolio en el que ni siquiera tuvo la cortesía de recibir al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Entre las cajas que se llevó al hacer la mudanza a Mar-a-Lago había registros presidenciales. De acuerdo con la ley, los documentos que los presidentes han manejado en el ejercicio de su cargo deben ser conservados y puestos a disposición de los Archivos Nacionales cuando cesan.
Ya en mayo de ese año, los Archivos avisaron a los abogados de Trump de que el expresidente se había llevado indebidamente registros presidenciales a su mansión. Tras un largo tira y afloja, en diciembre de ese año, el equipo legal de Trump puso a disposición de los Archivos 15 cajas con documentos. Cuando los nuevos custodios las abrieron y vieron que en casi todas ellas había documentos clasificados, avisaron al Departamento de Justicia, que abrió una investigación.
Obstrucción a la justicia
Además, instó un requerimiento judicial a Trump para que entregase todos los documentos presidenciales en su poder. En junio, investigadores del Departamento de Justicia se presentaron en Mar-a-Lago con el requerimiento y los abogados de Trump entregaron nuevos documentos, entre ellos algunos clasificados.
Recientemente, The Washington Post ha desvelado que dos empleados de Trump movieron cajas de papeles justo un día antes de esa visita a la residencia del expresidente con el requerimiento, lo que junto con otras pruebas que ha ido recabando el fiscal especial puede apuntalar la acusación de obstrucción a la justicia o de conspiración para obstruir su actuación.
Los abogados de Trump aseguraron por escrito que habían entregado todos los papeles tras una búsqueda “diligente”. Sin embargo, los agentes del FBI que registraron la mansión en agosto encontraron miles de documentos más, entre ellos, un centenar clasificados como confidenciales.
Los fiscales federales obtuvieron también una grabación de una reunión del verano de 2021 en la que el expresidente Trump reconoce que conservó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, según una información publicada por la CNN. La grabación es una prueba incriminatoria contra Trump, que en ocasiones ha asegurado que había desclasificado todos los documentos que el FBI halló en el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida).
Los papeles de Biden
Otro fiscal general está investigando el hallazgo de documentos clasificados de la época en que Biden era vicepresidente, tanto en una antigua oficina privada del actual presidente como en su casa de Wilmington (Delaware). Biden le resta importancia: “Por lo que yo sé, el tipo de cosas que recogieron fueron cosas de 1974 y papeles perdidos”, dijo en febrero en una entrevista. “Cuando empaquetaron [las cosas de] mis oficinas para trasladarlas, no hicieron el tipo de trabajo que se debería haber hecho para revisar a fondo cada una de las piezas de documentación”, añadió.
A diferencia de Trump, Biden ha cooperado con la justicia desde el principio. Sin embargo, que se impute a Trump y se exonere a Biden es gasolina para los republicanos más incendiarios. De ahí las menciones que hacía Trump sobre su rival político en el mensaje en que anunciaba su imputación. Los políticos y medios conservadores machacaban este jueves con ese mensaje. Aunque la imputación sería una baza política para Biden, es previsible que la Casa Blanca no trate de aprovecharla y se mantenga al margen de la actuación del Departamento de Justicia, evitando dar la imagen de utilización política del caso.
El Departamento de Justicia acaba de dar carpetazo a la investigación sobre los documentos clasificados que se llevó también indebidamente a su domicilio tras dejar el cargo Mike Pence, vicepresidente durante el mandato de Trump. La Fiscalía comunicó a Pence el cierre de la investigación en una carta fechada el 1 de junio en la que se aseguraba que no se presentarían cargos.
A finales de enero trascendió que los ayudantes del que fue vicepresidente de Trump descubrieron en su casa de Indiana una docena de documentos con marcas de clasificación como secretos. Pence se sumaba así al propio Trump y al actual presidente, Joe Biden, que también se llevaron indebidamente documentos confidenciales a sus domicilios privados. En el caso de Biden, al igual que en el de Trump, el Departamento de Justicia nombró un fiscal general para hacerse cargo de la investigación.
En el caso de Pence se trataba de “un pequeño número de documentos con marcas clasificadas que fueron inadvertidamente encajonados y transportados a la casa personal del exvicepresidente al final de la última Administración”, según escribió el abogado del político en una carta enviada a los Archivos Nacionales, la institución que debe custodiar los documentos y registros cuando presidentes y vicepresidentes cesan en sus cargos.
Trump, que fue condenado en una demanda civil por abusos sexuales, tiene otros frentes judiciales abiertos. El propio fiscal especial Jack Smith investiga si cometió delitos en sus intentos de retener ilegalmente el poder tras perder frente a Biden las elecciones presidenciales de 2020 por amplia mayoría (más de siete millones de votos de diferencia y 306 a 232 votos electorales).
El caso que parece más avanzado es el que investiga la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, sobre si interfirió ilegalmente en las elecciones de 2020 en Georgia. La fiscal ha señalado que tiene previsto anunciar en los próximos meses si presenta cargos. Willis ha dado a entender que las posibles imputaciones llegarán en agosto. En una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado, Ural Glanville, indicó que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pidió que los jueces no programen juicios y audiencias en persona durante parte de ese tiempo por razones de seguridad.