Justo cuando se conmemoró el Día Internacional contra la Falsificación y la Piratería se esparció la babosada de que un juzgado civil de Ciudad de México dio por “cerrado” el caso del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel.

“El fallo se encuentra hoy elevado a la categoría de sentencia ejecutoria por la autoridad como cosa juzgada y, por tanto, obliga a su debida observancia por parte de cualquier persona, y por consecuencia al expreso reconocimiento de los derechos de autoría de la mencionada tesis en favor de nuestra representada”, afirmó Alejandro Romano, cabeza del equipo jurídico de la todavía ministra.

La “inatacable” sentencia de la jueza Magdalena Malpica Cervantes (con fecha 17 de mayo) se basa en que el demandado, Édgar Ulises Báez, no compareció al juicio en su contra. 

Se trata del individuo que un año antes de Esquivel presentó como propia la tesis en cuestión.

El escandaloso asunto contiene detalles aparentemente favorables, pero que no justifican a la ministra. Por ejemplo su alegato de que proyectó su tesis en 1985 y la presentó en 1987 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, pero que sus apuntes fueron repartidos a otros alumnos por su asesora (Martha Rodríguez Ortiz, quien ya fue corrida de la UNAM) y Ulises Báez los usó para titularse en 1986 en la Facultad de Derecho.

Las similitudes en ambos trabajos, descubiertas por el académico Guillermo Sheridan, fueron corroboradas por un comité de la FES Aragón y rondan el 90 por ciento de literalidades.

Como haya sido, en vez de buscar una solución esencialmente universitaria y desde luego legal, Yasmín consiguió en tribunales un tapabocas jurídico contra la UNAM para silenciar las conclusiones de su Comité de Ética.

En eso ha estado cuando, ¡chin!, una investigación periodística de El País reveló que la señora, en otra tesis para doctorarse en la Universidad Anáhuac, incluyó alrededor de 50 por ciento de contenidos que pirateó de una docena de autores. 

Lo de que el caso “está cerrado” es una vacilada, porque el juzgado noveno civil de la capital no tiene jurisdicción educativa sobre una institución federal como la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ayer mismo calificó de “cuestionable procedencia” el juicio presuntamente “conclusivo”, en el que no se incluyó a la Universidad como parte interesada ni se le notificó jamás, y aclaró que “los alcances de esta sentencia no obligan ni comprometen las funciones académicas sustantivas” de la institución.

El enredo jurídico “solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor”, dice la UNAM, y recuerda que además existe una denuncia penal (de un foro plural) contra Yasmín Esquivel por eventual falsedad de declaraciones, más un proyecto en la Suprema Corte que plantea encauzar “cientos de denuncias administrativas” contra la integridad moral de la ministra, a quien sugiere desistirse de los otros juicios y permita a la Universidad y al Comité de Ética concluir su trabajo...