Un nuevo día de horror en Tijuana. Comenzó con una persecución de madrugada, por una supuesta falta al reglamento de tránsito.

Policías municipales lograron dar alcance a una camioneta Ford con placas de California. En el asiento trasero, los dos tripulantes llevaban un cuerpo envuelto en una cobija.

En la caja del vehículo, bajo llantas y tablas, los agentes encontraron seis cadáveres más. “Iban a repartirlos o tal vez a quemarlos, porque en la camioneta había también un bidón de gasolina”, reportó una fuente gubernamental.

Era exactamente lo mismo que había ocurrido a fines de diciembre pasado, al término de uno de los años más violentos en la historia de Tijuana, cuando la policía encontró, en una camioneta tipo panel con reporte de robo, seis cadáveres semidesnudos, descalzos, apilados.

Son los saldos de una guerra por el control de las calles que ha convertido a Tijuana en una de las ciudades más peligrosas de México, con una tasa de homicidios de 105 por cada 100 mil habitantes.

En medio del impacto que provocó ayer el hallazgo de los cuerpos en la camioneta Ford, la alcaldesa de Morena, Monserrat Caballero Ramírez, anunció que se irá a vivir al cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, “por sugerencia de la Guardia Nacional”.

Quedan a la deriva dos mil policías de Tijuana que no podrán gozar del privilegio ni de la protección que ha recibido la alcaldesa.

Fue en diciembre pasado cuando en un tiradero de la colonia Palma Real agentes de la fiscalía del estado localizaron una fosa en la que, repartidos en varias bolsas, habían sido inhumadas once personas. El colectivo “Todos somos Erick Carrillo” reportó que en 2022 había localizado en fosas clandestinas 200 cuerpos “entre osamentas y restos humanos”.

Diversos organismos han reportado que en la ciudad existe un déficit de alrededor de 5 mil policías. 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional destacados en esa ciudad fronteriza han sido incapaces de aplacar la guerra que El Mayo Zambada y el Cártel Jalisco Nueva Generación han desatado por el dominio de las rutas del crimen. La delincuencia se ha apoderado de las calles. Robos y asaltos se reportan por doquier.

En septiembre de 2022 hubo un día en el que prácticamente cada hora se registró una ejecución. Antes de que el día terminara –era el 22 de septiembre– tres cadáveres fueron hallados en un “picadero” y se reportó el hallazgo de una cabeza humana. Entre la mañana y el atardecer habían aparecido en Tijuana siete cuerpos.

Tijuana terminó 2022 con 2 mil 100 homicidios (tres de cada cuatro asesinatos cometidos en Baja California se registraron ahí) y arrancó 2023 convertida en la ciudad de los cuerpos calcinados, de las cabezas cortadas, de los cadáveres desmembrados, de los homicidios triples, de los restos humanos metidos en bolsas.

Un horror que no tiene fin: 2 mil 185 homicidios en 2019, 2 mil 14 en 2020, mil 973 en 2021… y la cifra siniestra de 2 mil 100 asesinatos en 2022.

La norma es hallar entre cinco y seis cadáveres en las calles cada día. Reportes de “una bolsa para basura con forma humana”. Reportes de cuerpos acribillados bajo puentes. Reportes de amordazados, atados, calcinados, asesinados en medio de torturas indecibles.

Y reportes, también, de miles de desaparecidos. Nadie sabe cuántos.

A la atmósfera de violencia desatada se suma el enfrentamiento político que sostienen la alcaldesa Monserrat Caballero y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ambas morenistas, que se culpan mutuamente de la violencia y apenas se dirigen la palabra. En medio de los más de ocho mil muertos registrados en el sexenio, y de la mayor crisis de violencia que ha vivido Tijuana, el trabajo interinstitucional está seriamente dañado, y a esa tóxica ecuación se suma la guerra que el exgobernador Jaime Bonilla ha declarado contra la gobernadora, a la que acusa de haber incumplido sus pactos con el narcotráfico.

En mayo pasado, un escolta de Monserrat Caballero fue atacado por sicarios. Los pistoleros esperaban, en realidad, a una de las escoltas de la alcaldesa: cuando vieron que la escolta no viajaba en el vehículo que habían acribillado, decidieron huir.

Caballero declaró, sin embargo, que el atentado iba dirigido contra ella y que solo se había salvado por un fortuito cambio de ruta.

La alcaldesa hizo responsable de su seguridad al fiscal estatal, Ricardo Carpio Sánchez, y solicitó que se le destituyera si algo le llegara a suceder.

La guerra de egos y la probada incapacidad de atender el problema de la violencia tienen a Tijuana, y a sus habitantes, a la deriva.

Es una verdadera lástima que la ciudad entera no pueda mudarse al cuartel militar. Tendrá que seguir viviendo con sus seis muertos diarios, con sus espectáculos macabros, con sus fosas clandestinas repletas de huesos y restos humanos. Tendrá que seguir bajo el poder sanguinario, incontestable, de los dueños de la frontera: el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación.