Si el ejido natal del jefe del cártel de las drogas más grande del mundo necesita un nuevo camino hacia la cabecera municipal, va el Presidente en persona a supervisar las obras y convive con sus familiares y cercanos.

Pero si los productores de maíz piden apoyo porque el precio de la tonelada no cubre lo gastado, AMLO los manda al diablo por “corruptos”.

Sinaloa es el estado número uno en producción de maíz blanco (casi la mitad del total nacional) y buena parte de la economía aquí gira alrededor del maíz.

La cosecha que se está levantando es de 6 o 7 millones de toneladas, cuyo precio internacional cayó a 5 mil 200 pesos mexicanos en promedio, con el agravante de la paridad peso-dólar.

De modo que el campesino no va a lograr recuperar lo que invirtió en la siembra, está endeudado y deberá pedir dinero prestado para sembrar en el siguiente ciclo agrícola.

¿De dónde van a sacar dinero para pagar lo que pidieron prestado para la siembra de maíz?

Con los mercados a futuro (Chicago) a la baja o no rentables, ¿quién les va a prestar dinero para una siembra que no alcanzará para vivir, y menos para pagar préstamos?

Una decisión equivocada del Presidente le puede entregar al narco el campo de un gran estado.

El campesino sinaloense que siembra maíz no es rico ni mucho menos. Sí hay algunos grandes, con recursos económicos, pero son unos pocos. La inmensa mayoría son ejidatarios e hijos de ejidatarios. No viven mal, pero viven al día.

Cuando el candidato López Obrador estuvo aquí en su campaña, prometió precios de garantía al maíz de 7 mil pesos la tonelada.

Así les aseguró el futuro a los agricultores y arrasó en la elección presidencial.

Incentivó, con la saliva de las promesas, sembrar maíz porque “sin maíz no hay país”.

El apoyo del gobierno no se necesitó en este sexenio, pues los precios internacionales de los granos se mantuvieron altos, alrededor de los 7 mil pesos la tonelada. Hasta que bajaron por la elevada producción de Brasil y Estados Unidos.

Los agricultores pidieron que se cumpliera lo ofrecido para salvar su cosecha que, por cierto, le da autosuficiencia en maíz blanco a México.

El Presidente los trató de corruptos y los zarandeó con los insultos que suelta cuando se enoja.

Y tomó la más neoliberal de las decisiones. Más que todos sus antecesores (Calderón los rescató cuando cayeron las heladas de 2011). Peor incluso que en Estados Unidos, donde se subsidia el cultivo del maíz, y Japón que subsidia el arroz.

Lo que les dijo AMLO a los productores la semana pasada, aparte de los insultos, fue: si el mercado no les da para sostenerse en época de vacas flacas, quiebren y dedíquense a otra cosa.

En México existía la aseguradora Aserca, con una bolsa para comprar coberturas a buenos precios. Así el productor ya sabía cuánto le iban a pagar por la tonelada.

Al llegar López Obrador desapareció Aserca. No hay apoyos ni certezas.

Ya están las faenas de las cosechas y las bodegas van a colapsar: no hay dónde almacenar 6 millones de toneladas de maíz.

El gobierno federal tuvo la idea de anunciar la compra de un millón de toneladas de maíz y el gobierno estatal 500 mil toneladas. Con sacar del mercado una y media millones de toneladas creyeron que mejoraría el precio y santo remedio.

Por supuesto que no fue así. El mercado ni se inmutó: hay mucho grano disponible.

Si hubieran actuado como se hacía; es decir, que las grandes compradoras (Cargill, Minsa, Maseca) adquieran la tonelada a precio de mercado (5 mil 200 pesos), y el gobierno entrega el resto al productor para que reciba los 7 mil pesos por tonelada, el problema se habría resuelto con 6 mil millones de pesos.

Han gastado 13 mil millones de pesos (aunque aquí dicen que Segalmex no les ha pagado) y la crisis del maíz en Sinaloa empeora.

¿Y a quién le va a vender el gobierno ese millón y medio de toneladas de maíz? A los mismos: Minsa, Cargill, Maseca.

¿Y en cuánto se los va a vender?

A 5 mil 200 pesos la tonelada, si bien nos va, porque el precio sigue a la baja.

Perder, perder y perder dinero de los contribuyentes.

En febrero se reunieron representantes de las compañías compradoras de maíz con productores y funcionarios del gobierno estatal. “Si hacemos el trato ahora, compramos la tonelada a 6 mil 200 pesos”, plantearon.

Brincó el gobierno estatal: no, el precio va a estar en 7 mil.

De haber aceptado el acuerdo, el problema hoy sería mínimo.

Síntesis: unos 25 mil productores están siendo insultados y afectados. Alguien les tendrá que prestar dinero. No será el gobierno ni los bancos.

Ese “alguien” se va a quedar con la tierra.