El atropello a la jueza Angélica Sánchez evidencia el modus operandi de una virtual banda criminal interinstitucional financiada por el erario.

La encabeza el pedestre y abominable gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la operan, como brazo armado, la Fiscalía General del estado y, en la parte leguleya, el Tribunal Superior de Justicia local a cargo, respectivamente, de Verónica Hernández Giadáns y Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Fueron agentes ministeriales quienes hace tres lunes perpetraron en Xalapa el primer levantón de Angélica, cuando iba a entrevistarse con la magistrada Jiménez, ignorando que la citación fue maquinada como señuelo por el trío de gerifaltes para detenerla.

Le achacaron que agredió y hasta tiroteó a los policías, le hicieron disparar una pistola y Cuitláhuac insiste en calumniarla y señalarla de corrupta por imaginarios arreglos con el abogado de un improbable pero supuesto asesino inventado por la tríada.

El segundo levantón se dio el viernes pasado en Ciudad de México, la mañana siguiente a la concurrencia de Angélica y su hija Ingrid al Senado, en donde los legisladores le expresaron sus respetos y tributaron aplausos.

La captura la realizaron la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional antisecuestros y la fiscalía veracruzana, sin que los agentes (vestidos todos de civil) siquiera se identificaran.

Acusada de probables delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, esa misma tarde fue ingresada en el penal de Pacho Nuevo y un sumiso juez de control controlado por la machuchona trinca le dictó un año al menos de “prisión preventiva justificada” en lo que le buscan, le encuentran o inventan.

El ensañamiento del cacique veracruzano se desató porque la juez acató la orden de un Tribunal Colegiado que dejaba en libertad a un empresario inmobiliario a quien la banda interinstitucional acusa de narcotraficante y asesino del diputado local priista Juan Carlos Molina.

Se llama Itiel Palacios, cuya hermana Rubicelia dice que la única prueba con que contaba la fiscalía era la declaración de un testigo que fue torturado –un tal Jaime H– señalándolo como “homicida serial”, a quien se le practicó el Protocolo de Estambul y se probó que fue obligado a incriminar a Itiel, por lo que el juez de Control y Enjuiciamiento del 17 Distrito Judicial en el estado le otorgó un amparo que lo protege de su encarcelamiento.

Para evitar que saliera libre, la fiscalía de la entidad le colgó ipso facto el presunto asesinato de dos personas. Sin evidencia ni el menor respeto a los procedimientos judiciales, para el tiranuelo Itiel es un delincuente alcahueteado por la jueza Angélica, quien tiene 25 años de inmaculada trayectoria.

“Hay indicios”, insiste El Góber Faccioso, que hablan “que hay un acto de corrupción; de que haya habido moche y por lo tanto se tiene que investigar a fondo”.

El modelo es inquisitorial y fascista: primero encarcelan y después “investigan…”.