"No es mi fuerte la venganza".
Andrés Manuel López Obrador
La 4T ha perdido el pudor. La nueva detención de Angélica Sánchez Hernández, juez en Cosamaloapan, fue un acto de abierta venganza del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Si una juez puede ser objeto de ese abuso, los ciudadanos estamos a expensas de cualquier político que quiera encarcelarnos por las razones que se le antojen.
La detención de este 16 de junio fue un virtual secuestro. La juez Sánchez Hernández fue objeto de un homenaje el día previo en el Senado. A las 7:30 de la mañana del viernes salió del hotel en el centro de la Ciudad de México donde se hospedaba. Se dirigía a la Suprema Corte a pedir una audiencia con la presidenta Norma Piña cuando fue detenida por miembros de la Guardia Nacional apoyados por personal de la policía ministerial de Veracruz. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que no tuvo nada que ver.
La juez había sido detenida por primera vez el 5 de junio en Veracruz por policías de seguridad sin orden de aprehensión. La acusaron de transporte de drogas y de armas. Resultó que los policías mismos le plantaron el arma, que le hicieron disparar primero con amenazas. Fue liberada porque no se encontraron pruebas en su contra.
Para la detención de este 16 de junio sí había una orden de aprehensión, ahora "por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias", emitida por un juzgado de Veracruz. La juez, sin embargo, tenía una suspensión para impedir su detención por delitos que no previeran prisión preventiva oficiosa. A los guardias nacionales no les importó. La Fiscalía de Veracruz argumentó posteriormente que la suspensión "no tiene alcances sobre la orden de aprehensión" porque "fue emitida con posterioridad".
La furia del gobernador García en contra de la juzgadora es producto de que ella liberó a un acusado, Itiel Palacios, en un proceso por el homicidio de un diputado priista, Juan Carlos Molina. El fallo estaba sólidamente fundamentado. Un juzgado de amparo había ordenado que se revisara la orden de aprehensión ante las deficiencias en la carpeta de investigación. Palacios, a quien el gobernador acusó de ser generador de violencia en el sur de Veracruz, radica en Guanajuato y se encontraba en León, a 750 kilómetros de distancia, cuando el diputado Molina fue asesinado en Veracruz.
La nueva aprehensión de la juez Sánchez Hernández, ahora por acusaciones sin relación con las del 5 de junio, demuestra la furia del gobernador. Si estas acusaciones no fructifican, inventará otras. La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la amenazó por haber dado un fallo contrario a los deseos del gobernador: "Atente a las consecuencias", le dijo.
El propio Presidente se ha unido a la campaña del gobernador: "Vamos a presentar denuncia a la Fiscalía -dijo el 16 de junio-, aunque después va a caer en manos de un juez y es posible que, como es un gremio, se protejan y haya impunidad". Omitió todas las razones jurídicas por las cuales la juez ordenó la orden de liberación del imputado. Simplemente difamó a la juez: "¿Cómo le hacemos, si es que les dieron manga ancha con la justificación de que son autónomos? Autónomos para robar".
Por lo pronto, el gobernador ha ordenado la detención de la juez. Aunque los delitos de los que se le acusan no ameritan prisión preventiva oficiosa, la propia Fiscalía de Veracruz anunció que la juez tendrá que permanecer un año en prisión preventiva "justificada". Así se le castiga antes siquiera de juzgarla. Es un mensaje a todos los jueces que pretendan actuar con autonomía. Si no obedecen al gobernador, serán encarcelados. Esa es la nueva justicia en Veracruz, es la venganza de la 4T.
· TIROTEO
Mientras el gobernador García dedicaba sus esfuerzos a encarcelar a una juez, el 17 de junio se produjo un tiroteo en Las Bajadas, Veracruz, cerca de una base naval. Un policía estatal murió y dos más resultaron heridos. Lo importante, sin embargo, es encarcelar a los jueces autónomos.
