La fiscalía capitalina no le bastaron cuatro meses de prórroga para que hiciera investigaciones complementarias y poder acusar de manera formal a las 12 personas en espera de juicio por el fallido atentado a la vida de Ciro Gómez Leyva.

Solo una de ellas le disparó y cometió un homicidio en grado de tentativa. 

Ninguna otra lo hizo, pero la fiscalía no sabe aún de qué diablos acusará a 11: ¿portación de amigo prohibido?, ¿coincidir con sospechosos en un elevador?, ¿esconder un coche?, ¿departir en un comedero con probables delincuentes? 

El decisivo respaldo de la Jefatura de Gobierno que desde la noche del 15 de diciembre ha tenido Ciro para su seguridad física, sobre todo de la Secretaría de Seguridad que comanda Omar García Harfuch, de ninguna manera corresponde al deplorable y sospechoso desempeño del Ministerio Público que encabeza la fiscal Ernestina Godoy.

Deplorable porque a seis meses del ataque se ignora quién y por qué ordenó el asesinato y sospechoso no solo por el tiempo transcurrido sino por la mentira contumaz que el MP pretextó al solicitar una nueva ampliación del plazo “complementario” para integrar las acusaciones específicas a cada uno de quienes, en menos de un mes, descubrió y atrapó la policía de Ciudad de México.

Los dos meses más que la fiscalía pidió al juez de control eran para completar 10 tareas que no ha realizado por incapacidad o desinterés. Una de ellas, la segunda, es miserable y canallescamente falsa:

Valoración psicológica por parte de la víctima directa del delito de homicidio (tentativa) de iniciales CGL, para estar en aptitud de realizar una reparación integral del daño. Se le ha citado en varias ocasiones, pero por cuestiones de su trabajo como periodista no ha acudido a las citas fijadas.

Ciro nunca se enteró del interés en valorar qué tanto le gira la neurona (ni en sus centros de trabajo ni por alguno de los agentes que lo protegen 24 horas diarias).

Pero es mucho más lo que la fiscalía no ha hecho:

—Solicitar autorización para “la toma de muestra de voz” a los imputados, “ya que de algunos de ellos se cuenta con sus negativas…”.

—Tampoco ha obtenido autorización de un juez federal para extraer y analizar información de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento “encontrados en diversos inmuebles”.

—La fiscalía quiere más tiempo para investigar “las redes de cruces y vínculos” y seguir esperando “el dictamen pericial en materia de identificación fisonómica relativo a las fotografías de los imputados y las obrantes en diversos informes policiales de cámaras particulares”.

—Ni siquiera ha podido notificar a los propietarios de los domicilios cateados (entre diciembre y enero).

—Sigue esperando respuestas de las autoridades michoacanas, sonorenses, oaxaqueñas y morelenses.

—Y de las bancarias (sobre tarjetas de los encarcelados).

No pudo, pues. O no quiso.

Si con Ciro es así, ¿cómo les irá a los sobrevivientes de decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas…?