Ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ni las ministras del presidente López Obrador han entendido que la única forma de respaldarlo en sus iniciativas aprobadas por el Congreso y luego sepultadas por la Suprema Corte de Justicia es a partir de la legalidad, no de consideraciones ideológicas y políticas. 

Aun a riesgo de fracasar en el intento, desdeñaron la juridicidad en que debieron sustentar sus alegatos.

En vísperas del entierro de las leyes del plan B, la Consejería politizó al decir que el proyecto del ministro Javier Laynez buscaba “favorecer a la oposición”.

¿Y…? 

Toda sentencia favorece o perjudica a cualquiera de las partes y las minorías tienen derechos que la Constitución ampara.

De aprobarse la propuesta, opinó, la Corte “se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias”.

En la línea de que el fin justifica los medios, a la Consejería le parece poca cosa que las difuntas leyes fueron aprobadas sin discusión y sin el conocimiento de la mayoría de diputados y senadores (incluidos morenistas y morenianos, y no únicamente de las despreciadas minorías).

“Laynez propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano (…). En caso de aprobarse el proyecto, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional, ya que nuevamente rehusaría estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”, dijo la Consejería.

Pese a que el proceso legislativo fue por demás desaseado, en su lógica bastaba el voto mayoritario.

Algo así alegó una de las dos leales a la 4T, avalando la violación de procedimientos “sin que la normativa parlamentaria de la Cámara de Diputados exija requisitos de ninguna naturaleza, bastando que el asunto se califique como urgente y obvia resolución con el voto mayoritario, inclusive, en la vía económica, a mano alzada para su aprobación”, dijo (lo cual, por explicable que sea, me hizo recordar El planeta de los simios). 

Pese al pataleo, para nueve de los 11 ministros eso de la aprobación mayoritaria no vale frente a lo “grave” de la violación a siete procedimientos parlamentarios con “potencial invalidante”.

Todo porque los machuchones de Morena en el Congreso, por ejemplo, no publicaron ni repartieron con anticipación la iniciativa, sustituyeron por otra la publicada en la Gaceta Parlamentaria o no dieron un plazo lógico para discutir y votar.

Sobre tal marranero, todavía le reclaman a la Corte no haberle entrado “al fondo del asunto…”