"El sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura".
Luis de la Barreda Solórzano
La manera en que el gobernador Cuitláhuac García de Veracruz ha encarcelado a la juez Angélica Sánchez Hernández demuestra su aspiración a convertirse en dictador. Ante el respaldo que ha recibido del Presidente tenemos razones fundadas para pensar que el "Y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley" puede convertirse en el inicio de un periodo negro en la justicia de nuestro país.
Fue la propia juez Sánchez Hernández quien primero vinculó a proceso a Itiel Palacios, el empresario guanajuatense acusado por la Fiscalía de Veracruz del asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina. El criterio para comenzar un proceso es laxo: se inicia cuando hay una probable responsabilidad, pero la condena requiere de certeza de culpabilidad. El gobernador Cuitláhuac, sin embargo, ya había condenado a Palacios al considerarlo "uno de los principales generadores de violencia" en Veracruz.
Un tribunal federal de amparo rechazó la vinculación a proceso y ordenó a la juez Sánchez Hernández revisar su decisión tras observar la insuficiencia de las pruebas. Entre otras cosas, el empresario se encontraba en León, Guanajuato, a 750 kilómetros de distancia del lugar en Veracruz en que fue asesinado el diputado Molina. La juez tenía obligación legal de liberar al acusado y así lo ordenó.
El gobernador enfureció, sin embargo, y la acusó de corrupta. La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, muy cercana a Cuitláhuac, la cuestionó duramente y le dijo: "Atente a las consecuencias". Sánchez Hernández fue detenida el 5 de junio, sin orden de aprehensión, por supuestamente portar y disparar un arma y por transportar droga, pero fue liberada dos días después ante la ausencia de pruebas.
La segunda detención se realizó el 16 de junio, un día después de que la juez fue objeto de un homenaje en el Senado, que enfureció más al gobernador. Ahora se le acusó de "delitos contra la fe pública y tráfico de influencias". La detención se realizó en la Ciudad de México, pese a que la juez contaba con un amparo, y la ejecutaron elementos de la Guardia Nacional, que no tienen esa facultad. No hubo colaboración de la Fiscalía capitalina, que habría sido en todo caso la responsable legal de detenerla. Se le trasladó a Xalapa y el juez de control le decretó un año de prisión preventiva "justificada", porque dijo que podía fugarse.
Este 21 de junio el juez la vinculó a proceso a pesar de todas las irregularidades. Rechazó la presencia en la audiencia de los medios y de la familia de la acusada, así como de representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La audiencia se realizó en secrecía, a pesar del principio jurídico que establece que los juicios deben ser públicos.
La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, el IFDP y la Asociación de Magistrados de Circuito han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene medidas cautelares para proteger a la juez. Amnistía Internacional ha exigido que se respeten sus derechos. "Si en Veracruz afectas al gobernador Cuitláhuac García, te mete a la cárcel", ha declarado José Manuel del Río Virgen, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien fue también encarcelado 170 días por el gobernador antes de ser liberado por un juez.
Luis de la Barreda Solórzano, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha escrito: "La juez Angélica Sánchez Hernández debe ser liberada ya. Estamos ante una arbitrariedad propia de las peores dictaduras".
· PLAN B
La Suprema Corte invalidó ayer el plan B electoral de López Obrador por nueve votos contra dos. Solo las incondicionales del régimen votaron por avalar la ley. Otra vez el régimen arremeterá contra los ministros.
