El gobierno federal, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), rechazó hacer pública la Agenda Nacional de Riesgos del año 2017, un instrumento que identifica cuáles son las principales amenazas para nuestro país, cuya información fue reservada por cinco años, pero que se debió desclasificar en 2022.
EL UNIVERSAL solicitó dicho documento vía transparencia, pero fue negado bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.
“La divulgación de la Agenda Nacional de Riesgos 2017, representa un riesgo real demostrable e identificable en perjuicio significativo a la seguridad nacional, por lo que la información motivo de la presente solicitud se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años”, dice el texto de respuesta del CNI.
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La autoridad explicó que la Agenda Nacional de Riesgos 2017 “aborda fenómenos dinámicos que tienen el potencial de afectar las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, tales como las actividades de grupos armados, organizaciones dedicadas al crimen organizado o al terrorismo, entre otros”.
Agregó que las estrategias planteadas en dicho informe, “están programadas para inhibir riesgos y amenazas a la seguridad nacional, durante un periodo no establecido, ya que, por la problemática de los temas, las estrategias se extienden por varios años”.
Por lo anterior, aseguraron que el contenido de la agenda permanece vigente y la difusión de los documentos “expondría elementos útiles para menoscabar el ejercicio de las atribuciones tanto del CNI como otras dependencias federales, estatales y locales, con lo cual se vulneraría irreparablemente la habilidad de las instancias del gobierno federal para afrontar dichos riesgos y amenazas en su estado de desarrollo actual”, puntualiza.
Así, la información fue negada a pesar de que en la respuesta no se incluyen datos sobre la reclasificación del informe.
El caso no es el único, ya que desde que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) quedó inoperante, existe la percepción de que se incrementó el número de sujetos obligados que no están entregando la información que se les solicita.
“De abril al 15 de junio ingresaron 4 mil 549 recursos de revisión, es decir que en los primeros 75 días de parálisis en el Inai hubo casi los mismos recursos que llegan en todo un trimestre, esto puede responder a que las negativas, reservas y respuestas incompletas se están incrementando, aunque lo digo con mucho respeto porque tendríamos que hacer un análisis de datos muy minucioso pasa saber si realmente ese aumento se debe a una conducta omisiva por parte del seguro obligado”, explicó a EL UNIVERSAL el comisionado Adrián Alcalá.
De acuerdo con el CNI, “la difusión de la Agencia Nacional de Riesgos expondría a la población a potenciales peligros”; sin embargo, no se detalla el tipo de peligro y hasta el momento, ningún ciudadano del país ha tenido acceso a la información que contiene ese documento que se genera de manera anual.
En la actualidad se tiene cuenta de 18 agendas nacionales de riesgo que han sido reservadas hasta junio de 2023, siendo la primera en 2006, a pesar de que de 2006 a 2009 la información se reservó por cinco años.
De 2010 a 2016, el contenido de las agendas se reservó por un periodo de 12 años, motivo por el que el informe de 2010 también debió desclasificarse en 2022, pero de igual forma le fue negado a este rotativo. Desde 2017 a la fecha, la información volvió a reservarse por cinco años.
En los últimos años la seguridad nacional se ha convertido en el argumento favorito de los gobiernos para negar la información; incluso el 18 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) invalidó un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que declaró todas las obras prioritarias como de seguridad nacional, lo que implicaba una restricción al acceso de datos relacionados con el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, y el Corredor Interoceánico del Istmo, entre otros temas.
Para Alcalá Méndez, esa realidad resulta mucho más dañina con la inoperancia del Inai, pues no hay manera de que el pleno atienda los recursos de reclamación que surgen por la información que está siendo negada.
“En el Inai estamos viviendo una crisis como tal, hay que decirlo con todas sus letras, pero lo más grave de todo es la parálisis de los derechos de las personas, lamentablemente el ejercicio del acceso a la información se llevó al terreno de lo político para limitar, mermar y nulificar derechos fundamentales de las personas.
En el Inai hemos aperturado casos de corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y ahora, en esta administración, tienen temor los que hacen las cosas mal y ese miedo se ve reflejado en resistencias a transparentar la administración pública”, concluyó.