La agente, Ana Sofía López Osuna, asistente del fiscal regional Edgar Medina Razo acababa de ser aprehendida en la ciudad de San Diego, al hallarse en posesión, presuntamente, de varios kilos de cocaína.

Medina Razo sostuvo que López Osuna no tenía un cargo operativo y era solo una empleada administrativa, encargada “de la recepción y elaboración de oficios como secretaria”. El semanario Zeta informó que la joven agente, de 35 años, figuraba en el organigrama de la dependencia como ministerio público, con un sueldo bruto de 33 mil 500 pesos.

Hace exactamente un año, Octavio Andree Espino Torres, secretario del fiscal general del estado, Edgar Carpio, fue sometido a revisión en la garita de San Ysidro.

Espino Torres dijo que cruzaba hacia aquella ciudad para comprarse un traje en un centro comercial. La máquina de rayos X detectó que había algo extraño en las puertas traseras y en los paneles de los cuartos de su auto. Un binomio canino, entrenado para detectar humanos y narcóticos, confirmó a elementos de la aduana de Estados Unidos que en el vehículo había un cargamento de droga.

Aparecieron 45 paquetes de metanfetaminas, equivalentes a 34 kilos de dicha sustancia. Espino Torres negó estar enterado de que los narcóticos hubieran sido colocados en su auto, y fingió ser una “mula ciega”, como se conoce en la frontera a personas en cuyos vehículos operadores de los cárteles colocan enervantes sin que estos lo sepan. A lo largo de este año, se han detectado en los cruces de San Ysidro y Otay varias “mulas ciegas”: a veces, hasta dos en un solo día.

En enero pasado, una mujer pasó 30 libras de cristal en la cajuela de su coche. Cuando el cruce se hubo efectuado, un individuo intentó en vano recuperar la droga. Solo por eso se conoció el caso.

Funcionarios de Tijuana aseguran que cualquier persona que pierda de vista su auto, en un estacionamiento o en cualquier espacio público de la frontera, corre el riesgo de convertirse en “mula ciega”. A veces, los cargamentos han sido colocados en las oficinas o en la propia casa de las víctimas.

La estratagema del colaborador del fiscal de Baja California no funcionó. Autoridades hallaron en el celular de Espino Torres detalles sobre la entrega de los paquetes, así como información que revelaba que ya antes había realizado cruces sospechosos.

De acuerdo con la prensa local, la fiscalía no informó sobre la detención de Espino: solo reveló que un ministerio público había sido suspendido “por ausentarse”.

Espino obtuvo libertad bajo fianza. Pero en abril pasado no se presentó más ante la Corte, y desde entonces se encuentra prófugo.

El mismo mes de la detención del funcionario de la fiscalía, circuló con profusión un video, que el semanario Zeta recibió de manera anónima, en el que un hombre, Ramsés Zataraín, con las manos atadas y graves señales de tortura, confesaba haber participado, por rencillas del narco, en la ejecución de dos jóvenes de Mexicali. En los pocos segundos de duración del video, Zataraín admitía que, tras la ejecución, un hermano suyo “me hizo el paro para que no me metieran al bote”.

–¿Y tu carnal dónde trabaja? –le preguntaron.

–En el Estado –dijo–. Es ministerio público.

Su hermano, Rigoberto Zataraín, era entonces coordinador de ministerios públicos de la Visitaduría de la fiscalía del estado.

El cuerpo de Ramsés apareció en una carretera, abandonado junto a una narcomanta.

La historia fue de mal en peor. La Secretaría de Seguridad Estatal detuvo a cinco presuntos responsables de la privación de la libertad, la tortura y la ejecución de Ramsés Zataraín. Entre estos se encontraba un operador del Mayo Zambada cuya clave era Cabo 89. Su nombre: Jesús Armando González Álvarez. Fue aprehendido con armas largas y 120 kilos de narcóticos.

El secretario de Seguridad de Baja California, general Gilberto Landeros Treviño reveló que un hermano de Cabo 89 trabajaba en la policía municipal de Mexicali, que la pareja de este era coordinadora del C4, y que su padre formaba, o había formado parte, como custodio, del sistema penitenciario.

Un juez liberó a Cabo 89 y sus cómplices. El general Landeros denunció presuntos vínculos del Cártel de Sinaloa con jueces, policías ministeriales y agentes municipales.

En medio de un pleito político con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el exgobernador Jaime Bonilla hizo una declaración incendiaria: “Baja California es un estado fallido donde el crimen organizado ya ni siquiera está infiltrado en el gobierno, ya que el crimen organizado es el gobierno de Baja California”.

En el mapa criminal de México, dado a conocer hace una semana por la firma AC Consultores, Baja California aparece como uno de los estados con mayor presencia criminal en el país: 100% de sus municipios se hallan copados por los grupos delincuenciales: el Cártel Jalisco, el Cártel de los Arellano, el Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Salazar, así como por los brazos armados conocidos como Los Omega, Los Rusos y Los Garibay.

La manera escalonada en que en Baja California se han presentado detenciones de funcionarios ligados al crimen organizado, desnuda el nivel de infiltración de los cárteles en el gobierno de un estado que se halla a la cabeza de las peores estadísticas de homicidio y criminalidad.

La detención en Texas, hace unas semanas, de la regidora panista Denisse Ahumada Martínez, con 42 kilos de cocaína a bordo de su auto, es otro llamado de alerta sobre la descomposición de las instituciones y el estrepitoso fracaso de una “estrategia” federal que solo trajo más muerte, más corrupción y niveles históricos de violencia.