Una cuarta parte de los casos de personas desaparecidas de 2006 a la fecha que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) involucran a servidores públicos como presuntos responsables. La dependencia indaga 968 casos de personas no localizadas, de las cuales 236 corresponden a desaparición forzada, es decir la perpetrada por agentes del Estado. El informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce que las cifras no reflejan necesariamente la magnitud del problema.
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