Desde agosto de 2009, cuando el entonces presidente Felipe Calderón firmó el decreto de reforma constitucional que estableció el suyo como tope salarial de los servidores públicos, la medida se antojaba lógica porque ninguno de aquellos ejerce una tarea semejante a la del jefe del Estado mexicano.

El propósito, dijo, era evitar los “abusos que se habían arraigado en las prácticas administrativas del país, pues el sueldo debe servir para vivir con decoro y no ser visto como botín”.

Se apoyó en el pensamiento de Benito Juárez:

“Las medidas que se están tomando, precisamente, permiten cumplir con el ideal juarista que hablaba de la honrosa medianía en que debe vivir quien sirve a la ciudadanía”.

Dejó claro que se refería al sueldo de los servidores públicos. Él percibía un salario bruto de 208 mil 546 pesos que, descontados los impuestos, quedaba neto de 146 mil 830 pesos.

Por esas fechas invitó a quienes hacíamos Tercer Grado a platicar con él. 

La narcoviolencia estaba desatada (no tanto como ahora) y no le gustó que yo comentara que cualquier policía de a pie y sus superiores en localidades de estados fallidos, a la sazón Tamaulipas y Michoacán, merecían un sueldo mayor que el suyo (en la actualidad suman casi 50, incluida una decena de guardias nacionales, los cazados y asesinados en Guanajuato por la delincuencia organizada).

Aunque tuve oportunidad de explicarme, lo contrarié y corroboré su afamada “mecha corta”.

Palabras más o menos, le dije que él contaba con la asistencia y protección del Estado Mayor, de alrededor de siete mil soldados de las Guardias Presidenciales y, en suma, de los casi 300 mil efectivos de las fuerzas armadas; que entre sus percepciones reales figuraban los gastos de mantenimiento y jardinería de Los Pinos, el consumo de agua, internet y energía eléctrica, los servicios médico y doméstico, sus traslados aéreos, marítimos y terrestres, y demás prestaciones. 

La memoria se refresca por la impertinente solicitud de la Secretaría de Gobernación a la Suprema Corte para que le “explique” por qué el salario de los ministros es mayor que el del Presidente.

El salario salario, sumado al importe de otras legítimas percepciones en dinero y en especie, es derecho laboral de los trabajadores (públicos y privados).

En cuanto a la Secretaría de Gobernación entrometiéndose en la administración de la Suprema Corte, se expone a que ni respuesta obtenga porque las facultades del Ejecutivo se limitan a la administración pública federal, de la que no forman parte los poderes Legislativo y Judicial.

Contrapesos entre sí, constitucionalmente independientes y autónomos, los Tres Poderes conforman el Supremo Poder de la Federación (artículo 49).

No sobra consignar que, en acuerdo con la política de austeridad, en el inicio de la gestión de Arturo Zaldívar como titular de la Corte (enero de 2019), el salario de los ministros se redujo 30 por ciento y ninguno ha tenido aumento, ni siquiera por la inflación, desde hace 10 años...