La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que las personas que se encontraban en la estación migratoria la noche del 27 de marzo de este año, donde se generó un incendio, no tenían garantizada una estancia digna.

En la  recomendación 111VG/2023, la comisión estableció que los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) presentes en el sitio, “omitieron proporcionar condiciones adecuadas para permitirles (a los migrantes) hacer frente a sus requerimientos básicos durante el tiempo que duraría su estadía”.

La comida fue uno de los reclamos que detonó el incendio, según quedó asentado en el documento de la CNDH.

 

“Del testimonio rendido por VL3 el 30 de marzo y 11 de abril de 2023, ante personal de la Comisión Nacional se desprende que ese día ingresaron a la estancia migratoria diversas personas de nacionalidad venezolana, quienes protestaron y reclamaban por la comida, manifestando que era muy poca … ”, se lee en la recomendación.

Tras el incendio, los servicios contratados en el organismo no han cambiado. El INM continúa con el mismo proveedor para servir alimento a las personas aseguradas y llevadas a las estancias migratorias de México.

La empresa Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V., proveedora en las estancias del INM cuando ocurrió la tragedia, ha ganado dos contratos más desde entonces, de acuerdo con las publicaciones de licitaciones en Compranet consultadas por Reporte Índigo.

Pactado para servir la comida en las estaciones migratorias del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, el contrato que tenía la compañía con el INM en momentos de la tragedia fue por 166 millones 637 mil 931 pesos.

El 26 de abril–apenas un mes después del siniestro– se inició la vigencia de una contratación con la compañía por 87 millones 24 mil 175 pesos.

Después, el 16 de junio, el INM signó una más por 281 millones 933 mil 981 pesos.

Bitácora de un servicio

La escritura pública 87,388 publicada en varios contratos de Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V refiere que la compañía quedó registrada ante Notario Público el 12 de junio de 2019.

Desde ese año, empezó a ganar contratos en el Gobierno federal. Además del INM, la firma ha cubierto las necesidades de alimentos de la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En el INM su servicio quedó vinculado a un cuadro de diarrea severa de 60 personas detenidas en la estación migratoria Siglo XXI de Chiapas, en julio de 2021.

 

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano acreditó que la ingesta de alimentos en estado de descomposición ocasionó la enfermedad cuando la compañía fungía como proveedora.

Luego vino la tragedia en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, en la que el reclamo de comida en buenas condiciones fue parte de las demandas de las personas detenidas previo a prenderle fuego a unas colchonetas.

Después, el 31 de marzo, unos cien migrantes forzaron la puerta de un centro en el municipio de Berriozábal, Chiapas, para escapar.

Medios locales y nacionales captaron su caminata por la carretera. Iban mujeres, hombres y niños. Un migrante de Ecuador exclamó: “La comida … Nos atendían como animales. En la mañana nos servían solo seis galletas para una familia de seis con seis vasos de agua … Todo ahí es mentira”.

El destino del INM

Creado por decreto en 1993, en el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el INM se ha encargado de ejercer la política migratoria de México con 300 delegaciones y subdelegaciones, así como 191 sitios de tránsito internacional, entre ellos 65 aeropuertos internacionales, 67 puertos y 59 cruces terrestres.

Conforme pasaron los años, el perfil del migrante que llega al INM en México cambió.

A los mexicanos que se encaminaban rumbo a Estados Unidos se unieron hondureños, salvadoreños o guatemaltecos.

Después, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, haitianos y hasta africanos y asiáticos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

Acumuladas en la CNDH, las quejas en contra de los funcionarios públicos del INM muestran un abanico de abusos como extorsión, tortura y falta de condiciones dignas en las estaciones migratorias a lo largo de tres décadas.

Sin embargo, el incendio de Ciudad Juárez marcó la historia del INM. El 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de sustituirlo con la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, un organismo cuyo diseño está, por ahora, a cargo del padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino.

El prelado, al salir de Palacio Nacional la tarde de ese día, detalló que la coordinación estará integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Trabajo, Salud, Bienestar, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la CNDH.

Por ahora, el INM continúa sus labores a la vez que espera su destino.

Desde la fecha del incendio hasta ahora, se inició la vigencia de 12 contratos abiertos por 456 millones 340 mil 148 pesos.

En este universo de contrataciones, las estancias migratorias solo aparecen dos veces. Lo único en lo que se ha gastado para estos sitios es en alimentos y mantenimiento.

Para el Instituto en general, se contrató limpieza, jardinería, estudios de laboratorio para la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, intermediación de alojamiento para protección a personas migrantes en situación extraordinaria y adquisición de periódicos impresos y por medios remotos para la Dirección de Comunicación Social.

El 10 de abril, el primer mandatario precisó que el proyecto de la nueva coordinación para ejercer la política migratoria se conformará en cuanto concluyan las investigaciones de los hechos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos por un incendio con el que protestaban por malas condiciones.

Sin llaves para liberar a los migrantes

Las llaves con las que pudo haberse abierto la puerta del área de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes en un incendio, se encontraban en el cajón de un escritorio, pero ninguna de las siete personas presentes ahí decidieron usarlas.

Así lo asentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación que le dirigió a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración por la tragedia ocurrida el 27 de marzo.

La CNDH acreditó que personal de Migración, incluso superiores jerárquicos en la cadena de mando, faltó a su responsabilidad como garante de preservar la vida de los migrantes.

En la recomendación, el organismo documentó que un funcionario al que identificó como AR3, era el encargado de la estancia provisional y responsable del manejo de las llaves. Ese servidor público dependía de AR2.

“… Si bien AR2 y AR3 no se encontraban físicamente en la estancia provisional , estaban obligados de la supervisión de las actividades de dicha estancia, especialmente de vigilar las actividades de AR4 y AR5, quienes se encontraban a cargo del área de mujeres y de hombres, respectivamente”, estableció la CNDH en la recomendación.

Dos de los guardias de seguridad privada, identificados como GSP1 y GSP3 coincidieron en que las llaves estuvieron en un cajón todo el tiempo durante el incendio.

“A las 21:00 horas se observó que los migrantes pusieron un muro de colchones en la puerta delantera obstruyendo la visibilidad en la celda donde se encontraban, me preguntaron dónde están las llaves de la celda donde estaban los hombres, yo les dije que no sabía porque esas llaves son responsabilidad de personal de migración, nosotros no usamos llaves, ingresé a la oficina y comencé a buscar las llaves de la celda en un puerta de madera y encontré las llaves de la puerta blanca a un costado de varios papeles, tomé las llaves y me dirigí al área de hombres pero ya no había mucho oxígeno y fue imposible pasar al interior”, declaró GSP1.

 

A ese relato se añadió el de GSP3 quien expuso que “los agentes de migración son los únicos que tienen acceso a esas llaves, las ponen en un cajón en la oficina donde está la gente de migración y solo nos la proporcionan estando ellos ahí presentes, yo trabajo con una agente migratoria de nombre [AR4] es la que tiene el control del ingreso de las mujeres a la estancia […] veo todo el humo que viene del lado de los hombres y lo que hago es salir corriendo en dirección donde se encontraba [AR4] y le dije que me diera la llave porque se estaba quemando migración, yo les abrí la puerta a las muchachas migrantes…”.

Pero la puerta donde se encontraban los hombres no fue abierta hasta que las llamas fueron apagadas. El Gobierno estatal informó que decenas de víctimas mortales fueron evacuadas del edificio.

La muerte en el camino

Antes del siniestro en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre enero y marzo de 2023, más de 100 mil personas estuvieron en México en situación migratoria irregular, de acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación.

Marzo fue el mes en el que se registraron más mujeres y hombres en estas circunstancias. La cifra fue de 43 mil 674.

La efervescencia del tránsito migratorio coincidió con el término en octubre de 2022 de la vigencia del programa “Quédate en México”, el cual fue parte del acuerdo migratorio alcanzado en junio de 2019 entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su entonces homólogo estadounidense, Donald Trump, a cambio de no imponer aranceles a México.

Los peligros para cruzar hacia Estados Unidos se incrementaron. El preámbulo del incendio de la estancia en Ciudad Juárez, fue el 2022, un año que pasó a la historia como el más letal en la migración a través de México.

Más de 853 migrantes murieron al intentar llegar de manera ilegal a la frontera entre México y Estados Unidos, según reportó la Patrulla Fronteriza. En 2021, esa cifra fue de 546 muertes.

Las formas en que fallecieron se desgranan en ahogamiento en el río Bravo, deshidratación en el desierto o cansancio por las caminatas.

De manera colectiva, el 27 de junio de 2022, se inscribió una tragedia en el historial de la migración hacia Estados Unidos cuando 53 personas fallecieron en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

Según Charles Hood, jefe del departamento de bomberos de esa ciudad y, quien encontró a los migrantes, en el camión se encontraban 60 personas con deshidratación y agotamiento por el calor. Entre ellos había cuatro menores.

Después ocurrió el siniestro en una estación migratoria de Ciudad Juárez que mató a 40 migrantes y dejó a decenas con heridas graves. Las víctimas provenían en su mayoría de Guatemala y eran hombres en su totalidad. Fueron arrestados el mismo 27 de marzo, día del incendio, cuando vendían artesanías en las calles.