También se desmarcaron de la postura que hasta ahora han asumido los diputados locales del “tricolor”
Aclararon que no pueden ser cómplices ni comparsas, como ningún militante priísta debería serlo
Los diputados federales del PRI en Morelos, Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari Espín y Manuel Vallejo Barragán, así como la senadora Lisbeth Hernández Lecona, lamentaron la política represiva e intolerante del gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ante los recientes sucesos de violencia emprendidos en contra del Frente Amplio Morelense (FAM) y su vocero Javier Sicilia; también se deslindaron de la conducta asumida hasta ahora por los diputados locales del tricolor, como hace una semana lo hizo el dirigente estatal.
A través de un comunicado de prensa, los representantes populares priistas coincidieron en que no pueden ser cómplices ni comparsas de un gobierno represor e ineficiente “ningún militante priista debe de serlo, so pena de enfrentar lo que al respecto establezcan los estatutos y documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional”.
De la misma manera los representantes federales de Morelos se deslindaron de la actuación del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, "porque su actuación y decisiones no corresponden a los lineamientos de nuestro partido ni a las políticas que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto. El compromiso del PRI es y será siempre a favor de los ciudadanos".
Las legisladoras y los legisladores federales aseguraron que en Morelos existe un amplio sector de la población que ha cuestionado la permanencia del gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como titular del Poder Ejecutivo Estatal, "la inconformidad social deriva de la falta de resultados en materia de seguridad pública, del estancamiento económico y social que sufre la entidad, de la falta de transparencia en el manejo de los recursos público y de los actos de corrupción atribuidos a familiares cercanos al Gobernador del Estado".
Señalaron que durante la presente administración los índices delictivos y los delitos de alto impacto, como las ejecuciones, los secuestros y las extorsiones se han incrementado, ubicando a Morelos como uno de los estados más violentos del país, a pesar de los esfuerzos mediáticos del Gobierno del Estado por ocultar ésta realidad, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman el fracaso de la estrategia del MU en Morelos.
Por otra parte señalaron que por falta de un proyecto de desarrollo económico el crecimiento del Estado ha sido nulo y por el contrario se ha incrementado la pobreza extrema. Esta falta de resultados y planeación en el gobierno de Graco Ramírez ha provocado que Morelos sea una de las entidades con mayor endeudamiento, con menos crecimiento económico y mayor desempleo.
Por si eso fuera poco, agregaron, en Morelos la violencia contra las mujeres activó la alerta de género, pero hasta el momento ni los mecanismos ni los protocolos de protección contemplados para tal situación se han implementado de manera efectiva, lo que ha traído como consecuencia la muerte de más mujeres.
En su posicionamiento, la senadora de la República y los diputados federales priistas establecen que a estos motivos de inconformidad se han sumado lo expuesto por varios grupos sociales que han visto afectados sus intereses por actos que involucran tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo estatales. La reforma a la Ley del Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos aprobada por el Congreso del Estado sin una previa consulta con las partes involucradas, ha generado el rechazo de los Sindicatos de Trabajadores de los tres Poderes Públicos y de algunos Sindicatos de Trabajadores Municipales.
Expresaron que como legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional por Morelos, ven con preocupación que los conflictos sociales que ha enfrentado la presente administración estatal no se solucionan y por el contrario, se acumulan, poniendo en riesgo la cohesión social y la gobernabilidad del Estado.
Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación para mediar en el conflicto que vive la entidad, propiciando el dialogo entre los actores sociales y los poderes públicos involucrados, solicitud que ha tenido respuesta por parte de esa instancia federal.