Una nueva sombra de conflicto asoma sobre el proceso interno de Morena. El partido en el Gobierno ha acordado que su método de definición de la candidatura presidencial será una encuesta nacional que se aplicará a finales de agosto a toda la población, sin distinción de militancia partidista. La encuesta aún no está diseñada. Lo que seguirá en las próximas semanas es que los aspirantes —llamados coloquialmente corcholatas— logren un acuerdo sobre las preguntas que conformarán el cuestionario, el tamaño de la muestra representativa y las zonas donde se entrevistará a la población. No será una negociación sencilla. Los contendientes han exigido a la dirigencia de Morena un conjunto de candados y criterios que de entrada tienen el objetivo de dar confiabilidad al resultado, pero que han terminado por añadir al ejercicio una complejidad que desafía toda técnica. La suerte de la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Exteriores Marcelo Ebrard, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador con licencia Ricardo Monreal se jugará en esa encuesta.
Las exigencias de blindar el ejercicio demoscópico no tienen otro origen que la desconfianza de algunas corcholatas hacia la dirigencia de su propio partido, encabezada por Mario Delgado, en la que advierten una predisposición a manipular el ejercicio para imponer a un candidato o candidata presidencial a modo. El senador Monreal y el excanciller Ebrard han mostrado los mayores recelos al proceso: el primero, porque afirma que en 2017, cuando estaba a la búsqueda de la candidatura al Gobierno de Ciudad de México, fue víctima de un fraude desde la cúpula de Morena; el segundo, porque considera que si el cuestionario tiene varias preguntas se puede confundir a la población a conveniencia. Aprobada la maraña de candados, los aspirantes se han comprometido a aceptar el resultado —que será inapelable— y a cerrar filas con la persona que resulte ganadora de la encuesta, para afrontar en unidad a la oposición en los comicios de 2024.
El Consejo Nacional de Morena ya ha establecido que la encuesta será domiciliaria y tendrá un formato híbrido: una parte será un cuestionario, y la otra, algo parecido a una boleta electoral. El cuestionario servirá para evaluar los “atributos” de los aspirantes, es decir, los rasgos en los que la población califica positiva o negativamente a cada uno. El segundo elemento de la encuesta será un “talón desprendible” en el que la persona entrevistada marcará en un recuadro a quién de los aspirantes prefiere como candidato o candidata presidencial; luego, depositará la papeleta en una urna transportable. Ese talón tendrá el mismo folio que el cuestionario del que se desprenderá, para llevar un control. La figura del talón o boleta es novedosa, y fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cena del 5 de junio en la que trazó las reglas para la sucesión, han confirmado a EL PAÍS fuentes presentes en esa reunión. El objetivo del mandatario, según dijo a los asistentes —gobernadores, dirigentes del partido y las propias corcholatas—, era conferir certeza al recuento de las opiniones de la gente vertidas en esos papeles.
Los entresijos de la disputa
La dirigencia morenista integrará una mesa de negociación en la que participará un representante de cada corcholata. Aunque las pláticas formales entre los equipos de campaña y la dirigencia aún no han comenzado, una primera discusión girará en torno al valor que se dará a cada reactivo de la encuesta. En ejercicios pasados en los que Morena ha seleccionado sus candidaturas con este método, ha establecido nueve reactivos que en total suman 10 puntos. En esos cuestionarios se han planteado a la población las siguientes preguntas sobre cada aspirante en disputa: si tiene una opinión positiva de él o ella (2 puntos); si le considera honesto (1 punto); si cree que respeta los derechos de las mujeres (0,50 puntos); si le parece cercano a la gente (0,25); si considera que conoce el Estado en cuestión o el país (0,25); si cree que cumple lo que promete (0,25); si le parece un buen candidato o candidata (1); si votaría por él o ella (2), y, finalmente, a quién de todos prefiere como candidato o candidata (2,75). Como se ve, los reactivos tienen valores diferenciados. En estos ejercicios, la última pregunta —sobre la preferencia electoral— solía formar parte del mismo cuestionario y se procesaba junto con el resto de los reactivos.
Morena ha acordado que su Comisión de Encuestas diseñará y redactará el nuevo cuestionario, y que “los tamaños de la muestra y otras reglas metodológicas y demoscópicas” serán inapelables. Las cuatro casas encuestadoras que serán contratadas para hacer los levantamientos “espejo” deberán apegarse a los criterios adoptados por el partido. Pese a la definitividad de este acuerdo, los cuatro aspirantes intentarán influir a través de la mesa de negociación en las preguntas que se harán, los atributos que se evaluarán y, sobre todo, el valor que tendrá cada reactivo. En esa instancia negociadora tendrán representación también las otras dos corcholatas en la contienda: diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, ambas formaciones aliadas de Morena.
Los equipos de campaña ya tienen demandas definidas, según ha podido conocer este periódico de primera mano entre representantes de las corcholatas. El grupo de Ebrard planteará en la mesa que el reactivo sobre la preferencia electoral —el del talón desprendible— valga entre 6,5 y 7,5 puntos. Esta demanda es coherente con la postura que desde hacía meses había mostrado el excanciller, en el sentido de que la encuesta fuese de una sola pregunta: “¿A quién prefiere como candidato o candidata presidencial de Morena?”. El equipo de Sheinbaum señala que, si un reactivo vale por sí solo más del 50% del total de la encuesta, el resto de las preguntas sobre atributos perderían todo propósito. El grupo de Monreal anticipa su rechazo a que la muestra se centre en las secciones donde Morena ganó en los comicios de 2018 y 2021; el representante del senador, que ha pedido mantener en reserva su nombre hasta que se instale la mesa de negociación, ha acusado que la dirigencia busca acotar el muestreo a zonas amigables a fin de reducir la posibilidad de registrar la opinión de ciudadanos opositores, aun cuando, en teoría, toda la población es elegible para contestar.
El Consejo Nacional dio a los aspirantes la oportunidad de proponer cada uno a dos casas encuestadoras para que hagan los levantamientos paralelos, siguiendo el cuestionario y metodología que apruebe la Comisión de Encuestas. Las empresas serán sorteadas, y se seleccionará a cuatro. Todos los aspirantes —a excepción del diputado Fernández Noroña, que dice tener confianza en la comisión morenista— han entregado ya sus propuestas en un sobre cerrado. Los sobres no han sido abiertos, a fin de reducir el cabildeo y las presiones de las que pudiesen ser objeto las empresas, según una fuente de la dirigencia.
La logística del levantamiento
Cuando se den a conocer los nombres de las encuestadoras externas, lo que se prevé que suceda en agosto, representantes de cada una de las empresas seleccionadas se integrarán a la mesa de voceros de las corcholatas, que a partir de entonces asumirá funciones de coordinación y vigilancia del proceso. Según lo aprobado por el Consejo Nacional, la encuesta domiciliaria será levantada del 29 de agosto al 3 de septiembre por equipos de hasta ocho personas: un coordinador designado por la dirigencia, un encuestador del partido o de alguna de las empresas, y un representante de cada aspirante.
Este diseño da una idea de la magnitud de la fuerza laboral que hará el trabajo de campo. Si se considera que en México las encuestas nacionales suelen hacerse sobre una muestra representativa promedio de 1.200 cuestionarios, significa que, en el caso del proceso interno de Morena, se aplicarán alrededor de 6.000 encuestas (el tanto correspondiente al levantamiento del partido multiplicado por los cuatro ejercicios “espejo”). Así, se requerirá de una fuerza laboral de aproximadamente 48.000 personas para conformar las células de encuestadores que visitarán los domicilios. Tan solo el partido deberá comisionar 6.000 coordinadores para que supervisen a cada equipo, conformado, a su vez, por igual número de encuestadores. A su vez, cada corcholata deberá disponer de la misma cantidad de observadores, lo que les impone el reto de formar una sólida estructura de apoyo. No se ha aclarado si se pagará a estas personas por su trabajo durante los seis días del levantamiento, mucho menos de dónde saldrán los recursos para tal propósito.
Tampoco se ha decidido si la encuesta será en papel o en formato digital. Durante la dirigencia de Mario Delgado el partido adquirió tabletas, con las que el partido ha llevado a cabo sus ejercicios demoscópicos previos, según la fuente consultada. En un formato u otro, cada cuestionario tendrá un número de folio, que se corresponderá con el del talón desprendible o papeleta. Es posible que el cuestionario se aplique en formato digital y que el talón sea en papel, ha precisado la fuente de la dirigencia. Como medida de control, cada equipo de encuestadores deberá elaborar, al inicio y al final de cada jornada, un acta en la que hagan constar el número de cuestionarios recibidos y el número de los aplicados.
Al término de la etapa del levantamiento, el 3 de septiembre, la Comisión de Encuestas procesará los cuestionarios para generar los resultados consolidados. En sesión aparte, la mesa de coordinación abrirá las urnas con los talones o boletas para su recuento. En el proceso de cómputo participarán un representante de cada corcholata y un integrante de cada una de las empresas encuestadoras. En caso de que los resultados de las cinco encuestas sean discordantes, es decir, que no coincidan de manera unánime en un ganador, se tomará en cuenta el resultado en el que coincidan al menos tres levantamientos. El resultado de este complejo ejercicio demoscópico se dará a conocer el 6 de septiembre a todos los aspirantes y a la ciudadanía.