Por 8 votos contra 3, el pleno de la Corte definió la semana pasada que el Senado fue omiso al no habilitar al comisionado faltante que necesita para sesionar el pleno del INAI, un organismo autónomo cuyo nombre completo lo describe mejor: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Presidente de la República pidió que el puesto no se llenara, para que el INAI no pudiera sesionar, pues según él se está mejor sin que funcione.
La mayoría oficialista en el Senado acató la instrucción y no hizo el nombramiento, teniéndolo a la mano.
La Corte turnará a otro ministro la definición sobre el caso, luego de rechazar la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, favorable al punto de vista del Ejecutivo.
Es la cuarta vez que la Corte le pone límites al Presidente en lo que va del año.
Las otras tres fueron la declaración de inconstitucionalidad de los dos paquetes del llamado Plan B electoral, que se proponían rehacer el INE, y la declaración de inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación acaba de aprobar una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que suspende la prisión preventiva oficiosa en 19 estados de la República, entre ellos, Nuevo León y la Ciudad de México.
La decisión separa de la autoridad la facultad tiránica de tener preso a alguien por sólo haberlo acusado de alguno de los delitos graves incluidos en una lista que el actual gobierno agrandó.
El INE, a su vez, prohibió al Presidente que hable en sus conferencias mañaneras para inducir el voto y descalificar aspirantes de la oposición.
En materia eléctrica, el gobierno tiene ante sí un horizonte de amparos contra decisiones de la autoridad que violan contratos y derechos adquiridos.
Algo parecido, pero de querellas ambientales y de propiedad, tiene por delante el Tren Maya.
Conforme pierde poder, el gobierno se topa con la ley. Cosecha lo que sembró: límites legales a sus excesos políticos.