El enconado interés presidencial inspira una pregunta lógica: 

¿Por qué no formaliza una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en vez de pedirle a Claudio X. González (a quien detesta) y a Mexicanos contra la Corrupción investigar esos negocios?

El viernes, al hablar de los contratos, pareció apuntar hacia probables actos de inmoralidad, pero ayer dejó implícito que la señora es delincuente:

“Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos —para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México– (que) tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas (…) y quieren regresar por sus fueros (…); pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar, pues sus intelectuales orgánicos, expertos, publicistas, les recomendaron que había que buscar alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo (…). Ahora nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse (…). Políticos corruptos que justifican así toda la riqueza mal habida que han acumulado (…). No han dado respuesta Mexicanos a Favor de la Corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio X. González —ya ven que ellos investigan— y queremos que profundicen, porque esto es una muestra nada más, seguramente hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo que llevaba a cabo la señora Xóchitl…”.

Esa lógica permitiría que solicitara lo mismo contra su amigo y principal contratista (segundos pisos) José María Riobóo (esposo de la ministra del plagio Yasmín Esquivel), lo cual sería desde luego por demás injusto: empresarios como él o Xóchitl Gálvez no ganan el importe de los contratos, sino lo que resta luego de invertir en materiales, pago de salarios al personal, impuestos al SAT, cuotas al IMSS, al Infonavit, reparto de utilidades, aguinaldos, vacaciones, etcétera, para quedarse quizá con 10 o menos por ciento del monto convenido. 

Porque contratista no es sinónimo de criminal, alerta Olabuenaga: 

AMLO “violó varias leyes dejando en la indefensión a muchos. Es decir, si el gobierno puede revelar información confidencial protegida por la ley, ningún mexicano, pero tampoco ningún inversionista extranjero, puede asegurar que no lo harán con ellos”.

Y remató:

“El contrato más grande lo tiene el Presidente. El primer contrato social de México es su Constitución; con que nuestro mandatario lo cumpla nos daremos por bien servidos…”.