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EL ASALTO A LA RAZÓN

Dice el señor que no está…

En lugar de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal previniera al Presidente de lo que puede o no decir y hacer sin transgredir la Constitución y las leyes en materia electoral (o hacérselo notar cuando lo ha estado haciendo), su titular dijo ayer, sin asomo de vergüenza, que no ha recibido la notificación del ordenamiento que la Comisión de Quejas del INE le impuso a López Obrador para que evite manifestarse sobre el tema.

Para colmo de lo absurdo, tiene coartada para no darse por enterada sino… ¡hasta el 31 de julio!

Por fortuna su jefe asumió ya la advertencia y, si bien “bajo protesta”, acatará la medida y se conjura la generación de una crisis constitucional.

Al preguntarle en Palacio Nacional por qué se pretextó que en la dependencia que encabeza estaban de vacaciones, María Estela Ríos González respondió:

“Pues porque estamos de vacaciones”.

— ¿Ya regresaron hoy?

— No, seguimos de vacaciones —repuso, y se escabulló.

La Presidencia emitió después una nota explicando que el 2 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que, con motivo del primer periodo vacacional del ejercicio 2023 “que comprende del 14 al 31 de julio de 2023”, se suspenden “los plazos y términos legales de las actividades, trámites, procesos y procedimientos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de sus unidades administrativas”.

La parálisis “incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros”, por lo que “durante la suspensión citada no se computarán plazos y términos en los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales del conocimiento de esta Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. En este sentido, todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el INE, tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político” (esto último es aplicable al propio Ejecutivo).

Porque no pudo entregarla de manera física, desde antier lunes el INE publicó su notificación en los estrados de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y difundió el relato de su notificador:

“Procedí a entrevistarme con una persona del sexo masculino, complexión regular, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, quien omitió mencionar su nombre, y dijo ser personal de seguridad del Palacio Nacional y a quien, al hacerle saber el motivo de mi visita, me manifestó: ‘No señor, no le puedo dar acceso, ya que por el periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional’…”.

Pues qué bueno que no se trató de una declaración de guerra de alguna potencia neoliberal.

Ámbito: 
Nacional