Se busca a Catalina Vargas, una mujer de 60 años que dedicaba los días a buscar a su hijo. Fue vista por última vez el 17 de julio en León, Guanajuato. Este Estado en el centro de México se ha convertido en un territorio peligroso para aquellos que tratan de encontrar a sus familiares desaparecidos. En los últimos tres años han sido asesinados en esta entidad dos hombres y tres mujeres que hacían labores de rastreo para localizar a sus hijos. La última fue Teresa Magueyal, ejecutada el 2 de mayo en Celaya mientras iba en bicicleta, frente a una escuela. La ONU ha exigido al Gobierno mexicano medidas de protección para las víctimas que participan en las labores de búsqueda.
La ficha de búsqueda de Luis Antonio Rodríguez Vargas describe que medía 1,75 metros, que tenía 30 años, que desapareció el 1 de enero de 2020. Se especifica que tiene tres tatuajes y en la imagen se ve a un joven de gafas sonriente. Ahora, tres años más tarde, los datos que se difunden por todas las redes sociales son los de su madre. Catalina Vargas es una mujer menuda, que tiene el pelo lacio y castaño, ya con algunas canas, ojos color café. También lleva gafas y en su cartel de búsqueda sale seria. El pasado lunes vestía una blusa blanca con flores azules y un pantalón de mezclilla. Las autoridades advierten que “se teme por su integridad y que haya sido víctima de un delito”.
Vargas pertenecía al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León. Las integrantes del grupo hablaron con ella el lunes alrededor de las 14.00 horas, estaba en su casa. Ahora, estas mujeres que escarban la tierra para hallar pistas, restos, que las lleven a sus hijas, hermanos, esposos, están también buscando a su propia compañera.
No es la primera vez que los ataques llegan a los colectivos de búsqueda de Guanajuato. El 2 de mayo, dos sujetos en una motocicleta dispararon a quemarropa a Teresa Magueyal y se dieron a la fuga. La buscadora quedó muerta en el suelo, a pocas cuadras de su casa. Doña Tere, como la llamaban, buscaba desde 2020 a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, de 34 años, desaparecido en el mismo pueblo donde la asesinaron a ella.
El 6 de noviembre de 2022, María del Carmen Vázquez recibió varios disparos tras abrir directamente la puerta de su domicilio, en Abasolo. Buscaba a su hijo Ósmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido cinco meses antes. De la misma manera mataron en León, en octubre de 2020, a Rosario Zavala, quien ya había advertido de que estaba siendo amenazada. Buscaba a su hijo Yatziri, de 16 años. Su otro hijo, Ulises, también fue asesinado dos años después que su madre. A Javier Barajas también lo mataron en una plaza pública de Salvatierra. Había logrado encontrar a su hermana Lupita.
“Estremece recibir la noticia de otra madre buscadora asesinada en Guanajuato”, dijo Jesús Peña Palacios, representante en México del alto comisionado de la ONU de Derechos Humanos, sobre Teresa Magueyal: “Ni la desaparición de su hijo, ni los riesgos que enfrentó ella y sus compañeras en su exigencia de efectiva búsqueda, verdad y justicia, ni su asesinato tenían que suceder. Las familias merecen protección y justicia, no la muerte o la desdicha de morir sin saber dónde está su ser amado. Hay que frenar estos asesinatos”.
La situación se replica también en otros Estados: en agosto del año pasado fue secuestrada por un comando armado la activista Rosario Rodríguez al terminar una misa en honor a su hijo desaparecido desde 2019. Fue encontrada asesinada un día más tarde en el municipio de La Cruz de Elota, en el Estado de Sinaloa, al norte de México. Dos semanas antes había denunciado la inacción de las autoridades. En octubre, Blanca Esmeralda Gallardo —que buscaba a su hija Betzabé desde hacía un año— murió tras recibir siete tiros mientras se encontraba en la autopista que une Ciudad de México y Puebla. Cecilia Flores, quien busca a sus dos hijos, ha advertido ante las autoridades muchas veces: “Han puesto precio a mi cabeza”. “Mi único pecado ha sido el de querer a mis hijos”, ha señalado.
Un país de desaparecidos y una Barbie buscadora
Desde el día que desapareció Luis Antonio Rodríguez, otras 864 personas se han sumado al registro de personas sin localizar en Guanajuato. En total, desde 1963, son 2.618 personas desaparecidas, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. En Celaya y León se concentran gran parte de estos crímenes: con 275 personas sin localizar cada localidad.
El Estado atraviesa una brutal crisis de seguridad. En noviembre, un perro que atravesaba Irapuato con una pierna humana en la boca guio a los colectivos a encontrar un enorme terreno con 53 bolsas enterradas de restos humanos. La fosa común estaba al lado de una escuela preparatoria. En marzo, seis mujeres que caminaban juntas por la periferia de Celaya fueron secuestradas: las encontraron a todas calcinadas unos días más tarde. La situación no es ajena tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha llegado a declarar: “Ahí está nuestra preocupación, Guanajuato”.
En un país que acumula ya más de 110.000 desaparecidas y con un Estado prácticamente ausente, las labores de búsqueda recaen en las familias. La precariedad de las buscadoras, que en su mayoría tienen que dejar sus trabajos para salir a rastrear a campo, les ha llevado a sobrevivir en muchos casos gracias a donaciones de particulares y ayuda privada. Uno de los últimos intentos fue el diseño de una Barbie buscadora. Delia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo, presentó la muñeca hecha con retazos de ropa de las madres buscadoras y una playera con la imagen de Roberto, su hermano, secuestrado en 2019 por el crimen organizado por no haber pagado el derecho de piso. En el momento cumbre de marketing por el estreno de la película Barbie, las buscadoras pidieron voltear a mirar a los que todavía faltan.