El Presidente puede refutar esta proposición, pero es una realidad que está construyendo todos los días. Gálvez fue convertida en seria aspirante presidencial por el mismo López Obrador, pero ahora necesita descarrilarla antes de que agarre tracción como candidata de la oposición. El problema no es su estrategia para neutralizarla en el proceso de sucesión, sino el método que está utilizando, que se contamina por el contexto de violencia nacional.
La embestida del Presidente y su maquinaria de propaganda la ha colocado en un lugar que la reconoce como una amenaza real para la perpetuación de López Obrador en el poder, y un reto para Claudia Sheinbaum, o quien se quede con la candidatura presidencial de Morena. Han ubicado a Gálvez como una candidata que amenaza el verdadero statu quo, el de los cárteles de las drogas, porque la forma como los ha tratado López Obrador les ha permitido aumentar su control territorial, ampliar su base social y realizar su negocio ilegal sin intromisión de la autoridad, con lo cual aumentan sus ventas domésticas, el trasiego de drogas a Estados Unidos, Europa y Asia, y obtienen los recursos suficientes para armarse y seguir extendiendo el dominio territorial en la nación.
Ante esta realidad objetiva, un cambio de gobierno que implique el final de la llamada cuatroté, también significará un ajuste radical a la política de abrazos y no balazos, lo que sería un peligro explícito para los cárteles de la droga en el país y un eventual freno al mangoneo que les ha permitido el gobierno. Es lógico concluir que si Gálvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas, bajo la racional de tus enemigos son los míos.
Varios columnistas han observado esta vulnerabilidad y sugerido que haya más seguridad para Gálvez. Incluso ella ha dicho, de manera ingenua, que está reconsiderando transportarse en bicicleta. Es imperativo que haya protección para la aspirante y cuidarla de absolutamente todo, de un accidente callejero, de uno de esos fanáticos en la calle que le pueda hacer daño porque piensa que así ayudará a López Obrador, o de un atentado de un grupo con fines políticos o del crimen organizado.
No es exagerado plantearlo. En la medida en que más atacan desde el poder a Gálvez, más condiciones crean para que alguien decida ayudarle al Presidente y sacarla de la competencia. Si las acciones de López Obrador son reflejo de sus temores políticos, es fácil interpretarlo como un llamado a la acción en contra de Gálvez. Si al mismo tiempo no pone un freno a la acometida descarnada y desproporcionada, es porque está avalando y autorizando que lo hagan. Las pruebas abundan.
No son los simpatizantes espontáneos quienes encabezan la arremetida contra la opositora, sino miembros de su círculo político e ideológico más íntimo, los que lo asesoran y ayudan en la estrategia y toma de decisiones, sus propagandistas, los y las columnistas a sueldo del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas –aunque la nómina no está en Palacio Nacional–, y los cuadros políticos que mandan dentro de la estructura de Morena.
La situación de la que López Obrador es arquitecto es más delicada y peligrosa de la que se vivió desde finales de 1993 hasta el 23 de marzo de 1994, cuando Mario Aburto mató al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Aburto, hasta donde las pruebas hoy en día muestran, fue un asesino solitario confeso, aunque no deja de ser irónico que el gobierno de López Obrador, por lo que está sucediendo con Gálvez, haya reabierto la investigación del crimen para culpar al expresidente Carlos Salinas.
Esa sospecha fue alimentada por los colosistas que se quedaron huérfanos, de quienes su figura más notable es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Paradójicamente, a quien culparon políticamente del asesinato, por haber construido un clima de inestabilidad, además de Salinas, fue a Manuel Camacho, que hizo un berrinche por no haber sido él quien se quedara con la candidatura, y sufrió el hostigamiento y el ostracismo por el crimen, que también resintió Marcelo Ebrard, que hoy aspira a la candidatura presidencial de Morena.
Si se hiciera una analogía de los dos momentos, no hay prueba alguna de que Salinas hubiera actuado contra Colosio, quien iba a terminar lo que durante su sexenio no concluiría, la reforma política y la segunda parte de la reconstrucción económica, hechos que, sin embargo, son irrelevantes en el imaginario colectivo. En el caso de López Obrador, la animadversión contra Gálvez es clara y se reitera diariamente. Si en el primer caso no hubo pruebas concretas –no suposiciones o conjeturas– que mostraran disgusto de Salinas con Colosio, en el segundo es pública la animadversión y abierta la determinación de acabarla políticamente no sólo de López Obrador, sino de todo su entorno y del aparato de poder.
Si con Salinas hay un segmento de la opinión pública que lo señala como el asesino de Colosio, ¿qué espera López Obrador que sucedería si algo le pasara a Gálvez? A la aspirante de la oposición no la cuida nadie. A López Obrador lo cuida “el pueblo bueno”, que incluye en su base social a los cárteles de la droga, que por alguna razón lo han respetado desde la campaña presidencial, cuidado en Badiraguato y la sierra de Sinaloa, en los territorios de Los Zetas y de los Beltrán Leyva.
López Obrador ha reiterado que no tiene ningún pacto con criminales, pero ¿qué sucedería si los cárteles atentan contra Gálvez? Usted ya sabe la respuesta. Nunca se la va a acabar. López Obrador debe cuidarse políticamente de que esto suceda, sin tener que recular para descarrilarla. De hecho, ya sabe el camino.