Diez estados concentran 71% de los aseguramientos que realizan los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de vehículos aéreos, lacustres y terrestres, con los que sus tripulantes cometieron algún delito y fueron sorprendidos en flagrancia.
En los primeros cuatro años de la presente administración en estas entidades se incautaron 20 mil 787 unidades de un total a nivel nacional de 29 mil 205.
Los estados con mayor número de aseguramiento son: Guanajuato, con 3 mil 756; Sonora, con 2 mil 747; Michoacán, con 2 mil 682; Tamaulipas, con 2 mil 558; Jalisco, con 2 mil 147; Baja California, con mil 860, y Puebla, con mil 826.
Les siguen Guerrero, con mil 167; Estado de México, con mil 58, y Chihuahua con 986, de acuerdo a información proporcionada por la Sedena a EL UNIVERSAL.
Fuente: Sedene
Precisa que del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022 se aseguraron 86 aeronaves, 29 vehículos lacustres y 29 mil 90 terrestres, que reflejan un acumulado de 29 mil 205. En los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto, los decomisos fueron de 32 mil 160 vehículos, mientras que en el mismo periodo de la gestión de Andrés Manuel López Obrador se registra una reducción de 2 mil 955 unidades. Son 85 aeronaves, 50 vehículos anfibios y 32 mil 25 terrestres.
Reportes de gobiernos locales indican que entre los vehículos más asegurados destacan los tipo Pick up y SUV, y en menor medida, sedanes que son empleados para el halconeo (vigilancia) con el fin de pasar inadvertidos. Algunos decomisos ocurren en retenes en carreteras federales, donde se detecta que tienen reporte de robo, pero también son ubicados en bodegas. Los vehículos que utilizan los sicarios o punteros son en especial SUV con espacio para cargar las armas.
Especialistas consultados consideran que la incautación de vehículos obedece a que los delincuentes evitan enfrentamientos porque es evidente que los militares tienen mayor capacidad de fuego en tierra y aire, y por ello prefieren abandonar las unidades. Juan Carlos Montero, profesor e investigador del Tec de Monterrey enfocado en seguridad pública, detalla que los grupos criminales saben que cuando matan a un soldado, los oficiales incrementan o arrecian la búsqueda y las confrontaciones.
El experto apunta que las células delictivas principalmente despliegan su armamento contra otras organizaciones criminales. Detalla que se observa una guerra entre cárteles, por ejemplo, en Guanajuato se da la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima.
Montero remarca que los cárteles buscan evitar la confrontación contra las Fuerzas Armadas. “En Sonora tenemos al Cártel de Caborca, Los Chapitos y principalmente el Cártel de Sinaloa. En las entidades de Michoacán, Guerrero y parte del Estado de México es difícil diferenciarlos, al tener la presencia de grupos criminales, pero el cártel que está buscando entrar es el CJNG.
“En Tamaulipas, es el CJNG el que está tratando de entrar y se enfrenta al Cártel del Noreste y al Cártel del Golfo”, refiere Montero.
Expone que una de las hipótesis es que la estrategia de Estados Unidos contra el tráfico de fentanilo les cierra pasos a los criminales y eso lleva a que arrecie la lucha por las rutas en las fronteras para pasar la droga.
Mario Pavel, doctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indica que el descenso de aseguramientos de unidades de 2019 a la fecha tiene distintas explicaciones y variantes.
“La pandemia no sólo redujo las actividades cotidianas de la población, también las acciones de las organizaciones criminales. En 2022 se documentó un repunte de incautaciones”, añade. El también profesor del posgrado de Seguridad Pública subraya que Guanajuato está relacionado con la extracción de hidrocarburos al igual que Puebla, al tiempo que las otras entidades son zonas de tránsito de estupefacientes; por ejemplo, Michoacán produce drogas químicas. Considera que en el caso de Puebla y Guanajuato algunos vehículos incautados están relacionados con la extracción de hidrocarburo, para lo que se necesitan carros tipo cisterna, es decir, camionetas con algún repositorio para guardar combustible.
“Los vehículos decomisados son bienes portables y se pueden desechar en cualquier momento… Las unidades que están en esa calidad, no es que las organizaciones criminales las hayan adquirido, forman parte de un círculo que tiene al centro el robo”, puntualiza Pavel.
Opina que en Colombia ocurrió algo muy similar, ya que guerrilleros y paramilitares disponían de distintas flotillas de vehículos.
“Son bienes portables y tácticos que se pueden desechar en cualquier momento porque es un activo inmediato de los criminales, es algo que roban y lo sustituyen”, comenta el académico.
Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que en los últimos cuatro años se ha duplicado la incautación de los vehículos monstruos en 138.46%.
Se trata de unidades con blindaje artesanal, que puede costar más de un millón de pesos. Usualmente resisten disparos de un fusil Barrett calibre .50 antimaterial.
La Sedena ha incautado 25 drones en el mismo periodo, y según expertos, estos artefactos pueden ser equipados con explosivos y realizar tareas de vigilancia.