Las instituciones de seguridad, procuración de justicia, inteligencia y fuerzas armadas del sexenio pasado detuvieron, interrogaron y torturaron para crear la denominada verdad histórica del caso Ayotzinapa, además, sabían lo que ocurría en tiempo real en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 y días posteriores.
Esta fue la conclusión a la que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual entregó su último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estimó que no hay condiciones para seguir colaborando con el gobierno de México.
El GIEI, que por ocho años coadyuvó con la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, reveló sus últimos descubrimientos, entre ellos, la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las secretarías de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena), a las que denunció por ocultar información.
Carlos Beristaín y Ángela Buitrago dejaron claro que tras el análisis de redes de comunicación y de documentos oficiales encontrados, los jóvenes desaparecidos no tenían nexos con el crimen organizado, pero sí los militares y policías municipales adscritos a la ciudad de Iguala y su alrededores.
En conferencia de prensa, el español y la colombiana pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar a la Sedena cada uno de los informes técnicos con que cuenta del asunto.
Mencionaron que el Ejército ha negado la existencia de las unidades militares que recabaron la información acerca de los sucesos de septiembre de 2014 y fechas posteriores, y que los militares “han ido adecuando a sus declaraciones”.
Beristaín aseveró que el Cisen hizo un puntual seguimiento de los normalistas y que hubo un agente de este organismo en el lugar donde desapareció un estudiante en la ciudad de Iguala.
“Un testigo protegido identificó a un agente del Cisen por su nombre y su teléfono. El Cisen ha ocultado detenciones e interrogatorios” en los que participó, declaró.
Añadió que existe evidencia de la colusión de integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala con narcotraficantes; además, los militares seguían de cerca a los normalistas por supuestos nexos con grupos subversivos.
En tanto, Ángela Buitrago indicó que la Sedena ha negado la existencia del Centro de Fusión de Inteligencia (CFDI), del cual se localizaron 16 documentos, y de otras unidades, que contienen información en tiempo real de lo que sucedió en Iguala del 26 de septiembre a octubre de ese año.
Puso como ejemplo la intervención de comunicaciones donde se hablaba de Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien se ha dicho que ordenó levantar a los estudiantes.
“Se obtuvo la siguiente información: un comandante de la policía municipal de Iguala informó a Gilberto López Astudillo, El Gil, jefe regional de dicha organización delictiva, que la gente que había entrado a Iguala era de Ayotzinapa; tenían 17 detenidos de los cuales informó.
“Al respecto, El Gil le ordenó que trasladara a los detenidos a la brecha de Los Lobos, por el camino a Pueblo Viejo, y le dijera a Felipe Flores, director de Seguridad Pública, que avisara a su compadre (...) ya les tenía preparada una emboscada”, expuso.
Otra intervención del Ejército corresponde al 4 de octubre de 2014, donde Alejandro Benítez Palacios, El Cholo Palacios, jefe de plaza en Iguala, comentó con Ramón, posible autoridad de Tepecoacuilco, lo siguiente:
“…que ya localizaron las fosas de El Gil, que posiblemente algún policía, de los detenidos, informó sobre el lugar. Comentan la posibilidad de un arreglo entre el gobierno estatal y El Gil, ya que el 3 de octubre el ministerial le pidió a Ramón y a El Gil para que soltara 10 estudiantes”, leyó el documento Buitrago.
A su vez, Beristaín aseguró que la intervención de la Secretaría de Marina en el caso Ayotzinapa fue “ilegal”, no solo en los hallazgos de bolsas en el río San Juan, en Cocula, y con torturas participó en la creación de la denominada verdad histórica.
“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y la PGR.
“Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas.
“Dos personas murieron en esos operativos, no se sabe quiénes son, solamente tenemos una fotografía”, abundó Beristaín.
IR / FR