El presidente Enrique Peña Nieto ordenó al gabinete de seguridad —integrado por Gobernación, Sedena, Marina, Policía Federal y PGR— la implementación de una estrategia integral en 50 municipios que concentran 42% de los homicidios dolosos cometidos en el territorio nacional.
En el marco de la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el mandatario pidió a los gobernadores asumir la obligación y compromiso de encabezar los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus entidades.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente señaló que preocupa y ocupa a las autoridades el repunte de algunos delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de 2016, con relación al mismo periodo del año pasado.
“Es fundamental emprender acciones conjuntas y asumir todos corresponsabilidad en esta tarea”, expuso el mandatario a los gobernadores.
Explicó que su gobierno tiene la determinación de aplicar una nueva medida para enfrentar esta situación.
“He dado indicaciones al gabinete de seguridad para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales, se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran 42% de los homicidios dolosos que hoy se cometen. En pocas palabras: en sólo 2% de las alcaldías se están cometiendo 42% de los homicidios dolosos”, alertó.
Aunque se solicitó a la Secretaría de Gobernación la lista de los 50 municipiospero respondió que esa información no está disponible públicamente. Fuentes señalaron Acapulco, Tijuana, Ecatepec, Colima, Monterrey, Chilpancingo, Zapopan y Villahermosa, principalmente.
El presidente Peña Nieto declaró que de manera corresponsable con los gobernadores y presidentes municipales serán reforzadas las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia en estas demarcaciones.
Pidió a los mandatarios estatales encabezar las acciones para dar seguridad, pero les ratificó el respaldo de las fuerzas federales.
Peña Nieto enfatizó que la solución de fondo es contar con corporaciones de seguridad locales sólidas en las 32 entidades, con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación.
Urgió al Congreso de la Unión a concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública, a fin de consolidar el mejor modelo policial para el país. Solicitó concretar y avanzar en este tema.
“He dado indicaciones al secretario de Gobernación, [Miguel Ángel Osorio Chong], de continuar trabajando con los señores legisladores para hacer realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales más fuertes, profesionales y que actúen de la forma más eficiente en el ámbito local”, puntualizó el mandatario.
Línea 911. El Presidente anunció que el número de emergencia 911 comenzará a operar de manera gradual, a partir del 3 de octubre, inicialmente en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Detalló que el resto de las entidades se incorporarán a lo largo de los primeros cinco meses de 2017, para que el próximo 1 de junio, dijo, la línea de atención a emergencias quede instrumentada en todo el país y pueda proveer una atención más rápida, oportuna y eficiente a emergencias.
Celebró la decisión del CNSP de desarrollar un modelo nacional de policía de seguridad procesal y un esquema para supervisar las medidas cautelares en los estados, así como una estrategia para cumplir los mandatos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El Presidente expuso que si bien son importantes estas acciones es necesario que los policías actúen con apego al debido proceso en detenciones y mejoren la calidad de sus investigaciones, con el objetivo de evitar que por errores los casos no se sostengan ante un juez.
En su mensaje, el presidente Peña Nieto llamó a los gobiernos estatales a reforzar las acciones conjuntas en la prevención del delito y destacó el acuerdo del CNSP para fortalecer los centros estatales de Prevención Social, también llamó a que grupos de ciudadanos y académicos evalúen y supervisen sus acciones.
Recalcó que el nuevo Sistema de Justicia Penal representa un paradigma, pues deberá asegurar que todo acusado tenga un proceso abierto, transparente, que parta de la presunción de inocencia y que sea la autoridad la que sustente las acusaciones.
Afirmó que es un modelo que permitirá combatir la impunidad y evitar que miles que tenían que enfrentar prisión preventiva hoy puedan enfrentar procesos en libertad. Llamó a las procuradurías estatales a usar los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Exhortó a los gobernadores a corregir las deficiencias operativas para evitar que se genere una percepción de impunidad sobre el nuevo Modelo de Justicia Penal e instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a presentar propuestas de mejora al marco legal, a fin de corregir cualquier falla.
“Hacia adelante debemos realizar los ajustes y los cambios que sean necesarios para seguir mejorando las condiciones de seguridad y de justicia en todo el país”, detalló.
Enfatizó en que “si en algo están de acuerdo los mexicanos es que quieren vivir en un país de paz y tranquilidad, de libertades y derechos, de leyes e instituciones. La construcción de ese México es una causa que nos compromete a todos los presentes”.