Aspecto de una sesión del Consejo General del INE, en imagen de arcivo. Foto Víctor Camacho
Ciudad de México. El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó casi a la media noche de este miércoles los lineamientos para fiscalizar las actividades de aspirantes presidenciales, así como el tope de gastos de aquellos por 34.3 millones de pesos.
Las nuevas reglas fueron delineadas por el INE en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de que las actividades en curso de Morena y aliados así como del frente opositor (PAN, PRI y PRD) no afecten la equidad de la contienda 2023-2024.
Los lineamientos que regularán los procesos para elegir a los futuros candidatos presidenciales no prohíben a los legisladores participar como aspirantes, y solo imponen restricciones.
Así, los partidos deberán reportar – y documentar- desde la logística de las giras de sus aspirantes hasta los gastos de propaganda y encuestas.
El tope de gasto para cada uno de los aspirantes será de 34.3 millones de pesos, incluido aquí las aportaciones de militantes y simpatizantes (con un límite individual de 537 mil 041 pesos), mientras que los propios inscritos para encabezar los procesos partidistas (futuros precandidatos) pueden aportar a su causa hasta 2.1 millones de pesos.
Con los lineamientos se ampliaron las reglas para contabilizar desde propaganda utilitaria (como los Amlitos), hasta sueldos de los equipos de aspirantes, rentas, gastos de traslado y hospedaje, propaganda exhibida en vía pública, en medios de comunicación, y salas de cine, internet y redes sociales, por mencionar algunos conceptos. La fiscalización será retroactiva desde el momento de que los partidos emitieron las convocatorias a sus respectivos procesos internos.
El organismo tendrá la autoridad de ordenar el retiro de la propaganda que califique como proselitista y que se halle en espectaculares, pegatinas en vehículos de transporte público y bardas en las que aparezcan los aspirantes. Si no es eliminada, de facto se cargará a su cuenta de gasto de precampaña.
El costo de las encuestas se abonará a las erogaciones ordinarias de los partidos, aun cuando no hayan sido contratadas por los contendientes, pero se consideraría que tuvieron beneficios de propaganda.
En cuanto a los servidores públicos se indica que podrán asistir a los eventos políticos solo en días inhábiles, y sin participar de manera destacada; los legisladores, en cambio, podrán hacerlo incluso en días y horas hábiles, siempre y cuando “no se distraigan” de sus tareas en el Congreso de la Unión.
En el engrose elaborado de última hora se propuso la modificación del párrafo relacionado con restricciones a las personas inscritas (nombre que la autoridad electoral da a los aspirantes) que a la vez son diputados o senadores.
La propuesta adicional señala: “Las personas servidoras públicas que sean además personas inscritas, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad”.
Sin embargo, fuentes del consejo general del INE precisaron que el énfasis hacia los legisladores es para que no utilicen recursos públicos durante su participación en las asambleas de los partidos y tampoco para que hagan expresiones o actos proselitistas de ningún tipo.
Después de decenas de participaciones, divididas en las tres rondas permitidas, no fueron aprobadas algunas propuestas como la de la consejera Carla Humphrey que proponía bajar el tope de gastos de los aspirantes.
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