En las últimas semanas se ha dado un forcejeo en la alianza Va por México, donde se ha buscado que varios de quienes levantaron la mano para contender por la candidatura presidencial de la oposición declinen a favor de Xóchitl Gálvez, la última en incorporarse al lote, pero quien más expectativas levantó entre el antilopezobradorismo. Varios, como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Mancera y Santiago Creel, han dicho públicamente que no se bajarían de la contienda, pero algunos de ellos, en privado, han tocado la verdadera línea de flotación. Si declinara, dijeron asesores de uno de ellos, ¿qué garantía hay de que a Xóchitl Gálvez no la bajen con las denuncias por corrupción que produzcan su desafuero? La duda es pertinente, y los temores sólidos.

Hace unos 10 días, Gálvez desestimaba que las denuncias tuvieran un destino verdadero y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera interés real en descarrillarla por la vía de un proceso de desafuero. En los últimos días el Presidente ha dicho que no está en su ánimo hacerlo, pero cuando varios morenistas presentaron denuncias por conflicto de interés, corrupción y enriquecimiento inexplicable en la Fiscalía General y en la de la Ciudad de México, no dijo nada. Ahora, la aspirante a la candidatura presidencial también comenzó a cambiar su posición.

Gálvez no ha contratado aún abogados, pero el PAN le está proveyendo apoyo jurídico, y junto con su equipo están revisando los contratos de sus empresas durante los periodos en que fue funcionaria en el gobierno de Vicente Fox, jefa de delegación en Miguel Hidalgo y senadora. Lo que antes era frivolidad en ella, se ha vuelto preocupación. En el análisis de contratos de su empresa cuando encabezó la hoy alcaldía Miguel Hidalgo (2015-2018) encontraron inconsistencias en varios de ellos, donde surgieron los nombres de su esposo y su hija, como cabezas de Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (Omei), y de High Tech Services, que es una consultora de ingeniería en el diseño de edificios inteligentes. Personas que han tenido información sobre estos primeros análisis dicen que no son serios, pero sí constituyen un probable delito.

El presidente López Obrador siguió insistiendo en las probables ilegalidades de Gálvez, pero ahora ya afinó la puntería, y señaló tener información de que son por 70 millones de pesos de cuando era jefa delegacional en Miguel Hidalgo. La divulgación de este dato no viola la ley, como previamente sí lo hizo al dar a conocer información a la que no tenía oficialmente acceso y menos el derecho de darla a conocer.

Este dato forma parte de la demanda presentada hace dos jueves en la fiscalía capitalina por Víctor Hugo Romo, que sucedió a Gálvez, y Gustavo García, quien fue secretario de Gobierno en la Miguel Hidalgo, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción, que involucra las dos empresas familiares de la senadora, que fueron contratadas para realizar los desarrollos Distrito Polanco, un edificio sobre el Periférico, y One Marina Park, otro edificio sobre Marina Nacional, del Grupo Inmobiliario Simetric.

En una entrevista con García publicada este viernes en La Jornada, dijo que sugirieron a la fiscalía capitalina revisar las manifestaciones de construcción en ambos complejos, porque Gálvez, la entonces jefa delegacional, no se excusó de la supervisión y verificación de las obras, que de ser cierta la imputación, debió haber hecho para evitar incurrir en un conflicto de interés y, como adelantó el abogado, hasta en un posible tráfico de influencia.

La reportera de La Jornada Laura Gómez Flores señaló, sin estar claro si fue parte de la entrevista o trabajo de campo, que “vecinos nos han comentado que en las publicaciones vecinales de las obras, su hija iba con engargolados y Xóchitl se los daba a los desarrolladores diciéndoles ‘esta es mi empresa, pero ahora mi hija está a cargo y aquí te los dejo por si interesa ‘”.

García agregó en la entrevista que van a ampliar la demanda para incorporar en la investigación la construcción de la plaza comercial Altezza, en las Lomas de Chapultepec, desarrollada por la constructora Altezza, que, de acuerdo con el abogado, utilizó el mismo modus operandi empleado en Distrito Polanco y One Marine Park. La decisión de agregarlo a la denuncia se dio luego de que el portal SinEmbargo publicó el miércoles pasado un trabajo del reportero Alejandro Almazán que enumera una serie de irregularidades en la manifestación de la obra que hizo la constructora un mes después de que Gálvez ganó las elecciones delegacionales, que más adelante contrató a una de las empresas encabezadas por su hija y esposo para que le instalara el aire acondicionado.

Gálvez afirmó, luego de que el Presidente exhibió en una mañanera datos del SAT sobre supuestos contratos con gobiernos de las empresas de la senadora por mil 400 millones de pesos, que si se lo comprobaba, renunciaría a postularse por la candidatura presidencial. En su defensa subrayó que la mayoría de los contratos de sus empresas ha sido con el sector privado. No obstante, la ecuación original se modificó. La denuncia ante la fiscalía capitalina no habla de contratos con el gobierno, sino de contratos de sus empresas con el sector privado, cuando ella gobernaba la Miguel Hidalgo.

Gálvez no se ha referido a esta variable de las acusaciones, que, por lo que se ha revelado hasta ahora, parecen tener tracción. El futuro legal de la aspirante a la Presidencia, como lo han deslizado asesores de uno de sus adversarios, es incierto e introduce un dilema ético y político en la senadora. Gálvez necesita aclarar rápidamente si existen o no esas inconsistencias que pudieran demostrar conflicto de interés o tráfico de influencias; y si las hay, y pueda llevar a un proceso que termine en ella, afectando sus aspiraciones, tiene que abandonar la contienda presidencial para enfocarse en su defensa, sin lastimar los esfuerzos de la oposición para hacerle frente a Morena el próximo año.