Con la carrera por la sucesión ya en marcha, la Administración de Andrés Manuel López Obrador encara su recta final. El presidente llegó al poder con el lema de crear uno de los Gobiernos más transparentes de la historia mexicana, sin embargo, el informe Sin otros datos, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desvela ahora carencias claves en el acceso a la información. Con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) congelado y el 71% de las bases de datos oficiales sin actualizar desde hace más de dos años, el país se asoma al gran vacío de información pública.
En México el derecho a la información generada o recopilada por el Gobierno está protegido por la Constitución. El artículo 6 de la máxima ley del país obliga a que solo los datos verdaderamente excepcionales pueden reservarse a los ciudadanos, por razones como la seguridad nacional, y aun en esos casos, es una reclusión temporal. El presidente ha hecho uso de esa excepción y, por ejemplo, ha blindado la información de varios de sus proyectos principales —como el Tren Maya o el Corredor Transoceánico— por seguridad nacional, pese a la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De otros proyectos ya terminados, como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), los contratos difundidos explicaron el uso de unos 17.400 millones de pesos, cuando el costo real rondó los 100.000 millones; o de la refinería de Dos Bocas apenas se conocen unos cuantos contratos testados —es decir con información clave tapada— porque su construcción fue asignada a una empresa filial de Pemex que no está obligada por la Ley de Transparencia. “Este Gobierno no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos. Lo que se constata es un retroceso: hoy lo que tenemos es menos información y menos datos. Tenemos mayor opacidad y menores instrumentos para vigilar el ejercicio del poder público”, señalan desde Mexicanos contra la Corrupción.
La asociación civil analizó todas las bases de datos del sitio de datos.gob.mx, recopiló la información publicada por los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y revisó las plataformas individuales de 301 instituciones de la Administración Pública Federal para publicar su investigación. Uno de los principales hallazgos de la publicación es el abandono desde hace más de dos años del 71% de las 12.570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gob.mx. Por ejemplo, están completamente abandonadas las 171 bases que tenían que haberse actualizado de forma diaria, semanal, mensual o bimensual desde diciembre de 2018. De las 1.913 que deben renovarse cada mes, solo el 11% lo ha hecho, pero incluso de las que deberían actualizarse cada año solo el 16% lo hace.
“Este comportamiento sugiere dos hipótesis y ninguna es alentadora en materia de transparencia. La primera y más grave es que la información simplemente ya no se genera y por eso ya no se publica. En este escenario estamos ante la pérdida de datos públicos tanto para la ciudadanía como para el propio Estado. El segundo escenario es que, en el Gobierno actual, se ha optado por dejar de compartir la información. Esto implica una mala rendición de cuentas y un debate público más pobre, pues no se cuenta con toda la información para hacer un diagnóstico correcto”, interpretan desde Mexicanos contra la Corrupción.
Como si fuera una pescadilla que se muerde la cola, lo que supone el abandono de la información que se podría encontrar online, es un aumento de las solicitudes al portal de transparencia y, por tanto, una carga extra para los trabajadores públicos. “Si bien la información pública ha disminuido, no es el caso del interés por parte de la ciudadanía por conocerla. En los primeros tres años de este sexenio las dependencias han recibido el doble de solicitudes de información sobre datos.gob.mx que en los últimos tres años de la administración anterior”, señala el informe que añade que, por ejemplo, de 2019 a 2020 se incrementaron un 250% las peticiones de datos relacionadas con esos portales.
Eso lleva al siguiente nivel del acceso a la información: el INAI. El instituto tiene la Plataforma Nacional de Transparencia, el portal en el que las dependencias deben subir la información. “Se encontró que el número total de reportes presentados por las instituciones ha disminuido 36% entre 2018 y 2022. Cada vez hay menos datos y menos cumplimiento de las obligaciones de transparencia”, apunta Mexicanos contra la Corrupción. Sin embargo, las solicitudes de información solo hacen que subir: en 2022, hubo 363.062, frente a las 24.100 cuando se inició en 2003 el mecanismo. En la Administración de López Obrador se han concentrado los grandes números de solicitudes, pero en 2017, en el todavía Gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron también casi 300.000 solicitudes.
Cuando el Gobierno no quiere dar la información, el ciudadano puede interponer un recurso de revisión. En los últimos años hay una media de 19.400 quejas anuales, que deben ser resueltos por el pleno del INAI, que es quien decide si la información debe guardarse o sacarse. Ahí se encuentra el cuello de botella ahora. Desde el 1 de abril, el pleno del INAI —que debe estar compuesto por siete miembros— tiene solo cuatro integrantes, lo que le impide reunirse para dirimir las controversias porque su mínimo son cinco miembros del pleno. El resultado: en solo cuatro meses se han acumulado 6.368 recursos sin resolver.
La pelea entre el Gobierno de López Obrador y el INAI no es un secreto para nadie. El presidente vetó a dos de los candidatos propuestos en marzo y la bancada de Morena, el partido oficialista, todavía no ha vuelto a presentar a nadie más. De forma muy clara, el senador Félix Salgado Macedonio —acusado de agresión sexual por varias mujeres— llegó a decir el 13 de abril: “¿Cuándo se van a nombrar a los comisionados del INAI? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría”. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, ahora uno de los candidatos a suceder a López Obrador, también calificó de “mundo ideal” el silencio del INAI.
“Un Gobierno que ya no genera información verá reducida su capacidad de actuar al momento de atender problemas públicos. Un Gobierno que ya no publica información de forma oportuna y de calidad con su ciudadanía, ha renunciado a uno de los principios básicos democráticos: la rendición de cuentas. Pero también, la pérdida de publicación de datos representa una pérdida en la innovación y en la capacidad que tienen los ciudadanos para ofrecer diagnósticos acertados de la situación del país”, concluye el informe.