Integrantes de la Asociación Cívica Morelense exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda a la atracción de nueve carpetas de investigación sobre presuntos asesinatos políticos, secuestros, feminicidios, extorsión, desaparición y corrupción ocurridos en Morelos, ya que a nivel local no se han logrado avances de importancia.
Una comisión de más de 40 personas acudió a Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, para presentar un pliego petitorio en el cual demandan que se tomen medidas en al menos nueve casos en los que prevalece la impunidad.
“Ante la falta de acción de la justicia en el Estado de Morelos, solicitamos la intervención del gobierno federal para que la Fiscalía General de la República atraiga varios casos ocurridos en Morelos, donde la justicia se ve opacada por la corrupción y la impunidad”, se lee en el comunicado.
“Desde el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, el crimen, la corrupción y la impunidad han prevalecido. Con la herencia que dejó, nombrando al Lic. y notario Uriel Carmona Gándara como Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, y al Lic. Juan Salazar Núñez como Fiscal Anticorrupción, no se ha obtenido ningún resultado ni avance en la procuración de justicia”.
Gabriel Rivas Ríos, vocero de la mencionada asociación, resaltó que entre los casos de impunidad se encuentra el asesinato de Gustavo Salgado Delgado, activista y defensor de los derechos de los Jornaleros Agrícolas, quien fue desaparecido el 3 de febrero de 2015, posteriormente torturado y asesinado, y cuyo cuerpo fue hallado el 4 de febrero en el municipio de Ciudad Ayala.
“Existen evidencias que implican al entonces Presidente Municipal de dicho Municipio, José Manuel Tablas Pimentel, como autor intelectual. Sin embargo, estas evidencias no se están investigando, ya que el Fiscal Uriel Carmona Gándara se ha negado a explorar otras líneas de investigación. A pesar de contar con un audio en el cual Tablas Pimentel se comunica con la delincuencia organizada para planear el asesinato del activista”, puntualizó.
En el pliego petitorio también se exige que se investigue el asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor a la Termoeléctrica de Huexca y al Proyecto Integral Morelos.
“En el caso de Samir Flores, el Fiscal General del Estado no solo se ha negado a abrir líneas de investigación en relación con la posible participación del Gobierno estatal, caciques regionales y accionistas de la termoeléctrica, sino que también ha rechazado que el caso sea atendido por la FEADLE”.
Según la organización, otro caso no resuelto fue el asesinato del abogado y ambientalista Isaac Medardo Herrera Avilés, ocurrido el 23 de marzo de 2020 en Jiutepec, Morelos. Herrera Avilés defendía la Reserva Natural “Los Venados” y representaba legalmente a los Trece Pueblos en defensa del Manantial “Chihuahuita”.
“El abogado era un crítico contundente de la administración municipal. Fue defensor apasionado del predio ‘Los Venados’, uno de los pocos pulmones del municipio de Jiutepec. Su trabajo logró detener la construcción de un fraccionamiento de Casas ARA durante el gobierno de Graco Ramírez y sentó las bases para convertirlo en un Parque Municipal”, comentó Rivas Ríos.
Además, se destacó el asesinato del ambientalista y activista social Rodrigo Morales Vázquez, ocurrido la noche del jueves 2 de septiembre de 2021.
“Los crímenes políticos no son los únicos que han conmovido e indignado a la comunidad morelense, ya que son numerosos los asesinatos que ocurren a diario sin que la fiscalía estatal haya logrado resultados significativos para garantizar la justicia”.
Los activistas entregaron personalmente el documento, que incluye un total de nueve casos, con la esperanza de que la autoridad federal inicie investigaciones para asegurar justicia tanto para las víctimas directas como para las indirectas.
Lanzaron un llamado directo a Andrés Manuel López Obrador: “Sabiendo que usted se opone a la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, le solicitamos atentamente, señor Presidente, que gire sus apreciables órdenes a las instancias correspondientes para que la Fiscalía General de la República atraiga estos casos”.