Aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales juega su papel en la búsqueda de actos de corrupción, su tarea es más amplia: dar cumplimiento a derechos humanos fundamentales como el de información pública y la custodia de la privacidad ciudadana.

Es una institución de respeto social, porque promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas en 800 sujetos obligados y ocho mil autoridades locales, universidades y sindicatos en todo el país.

Cualquier persona —física, jurídica, pública o privada— que viva de recursos públicos tiene la obligación de informar sobre y justificar sus acciones en los tres niveles de gobierno, sin distingos de autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y fondos públicos.

El breviario se impone por la equivocada o deliberada idea tergiversada de sus funciones que el presidente López Obrador le endilga al instituto, ya que antier miércoles, cuando la Suprema Corte resolvería que el INAI podrá sesionar con los cuatro de los siete comisionados que debiera tener, respondió así una pregunta sobre el tema:

“Ya saben cuál es mi opinión sobre estos organismos que crearon; todos los fueron constituyendo para simular que se iba a combatir la corrupción, que iba a haber transparencia, que iba a haber justicia. Entonces, ya basta de simular...”.

No: el INAI no tiene a su cargo combatir la corrupción y menos aún la impartición de justicia.

De lo primero, con la colaboración del instituto, debieran ocuparse las instituciones implicadas en el fantasmal Sistema Nacional Anticorrupción impulsado en el sexenio pasado y que la 4T mantiene en estado de coma.

El SNA se instituyó para coordinar actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y para esto el Congreso reformó y creó leyes como las de: Responsabilidades Administrativas; de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y orgánicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Procuraduría General de la República, de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal.

Organismos como el INAI “le cuestan mucho al pueblo”. Aparte de que simulan, engañan, mediatizan, cuestan mucho estos aparatos. Los crearon para simular que se estaba combatiendo la corrupción, que había transparencia y para que nadie se quejara, dijo el Presidente.

Falso también: quienes se quejan es porque los gobernantes niegan información y se debe recurrir al incómodo instituto que, si cuesta la bagatela de mil millones de pesos al año, suma seis mil o más millones el desvío de recursos de los programas sociales que denunció ante la Fiscalía General de la República la diputada de Morena Inés Parra Juárez contra la Secretaría federal de Bienestar.

Misma dependencia que, según Marcelo Ebrard, maicea la precampaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum…