La Suprema Corte sigue poniendo límites a la irregularidad institucional.

La semana pasada destrabó el impasse en que se encontraba el INAI desde hace un año, porque no tenía el quórum requerido de cinco consejeros para sesionar, y el Senado aplazaba sin fin el nombramiento de los candidatos a consejeros que tenía en la mesa.

A mediados de abril, circuló una grabación del entonces secretario de Gobernación diciendo a los senadores de su partido que no se apuraran con esos nombramientos. El impasse del INAI, agregó, era “el mundo ideal” para el gobierno, según se lo había dicho el propio Presidente.

Cuando se hicieron públicas sus intenciones respecto del INAI, el Presidente no sólo las aceptó, sino que las extendió, en una de sus conferencias mañaneras. Dijo que, en realidad, el INAI debería desaparecer, pues costaba mucho y no servía para nada.

Así se mantuvo el impasse del INAI hasta que, la semana pasada, la segunda sala de la Corte revisó una queja del propio INAI, sobre la inconstitucionalidad de su estado.

Con una ponencia del ministro Laynez y los votos de los ministros Pérez Dayán y Aguilar, la segunda sala destrabó el impasse.

Autorizó al INAI a sesionar con sólo cuatro consejeros y dio a su presidenta, Blanca Lilia Ibarra, el voto de calidad necesario para decidir en caso de empates.

El impasse del INAI había dejado miles de casos sin resolver, tanto en peticiones de información pública a dependencias del gobierno, como en materia de protección de datos personales, derecho a la privacidad, etcétera.

Durante su impasse, por el simple argumento de los efectos de su ausencia, el INAI demostró hasta qué punto es una institución clave para la ciudadanía y para la transparencia democrática.

Nada nuevo para quien revise su historia. Desde su creación en 2003, el INAI ha recibido más de dos millones de peticiones de información del público. En el último año, 378 mil, más de mil al día.

Para el gobierno, el INAI es una monserga, pero para los ciudadanos es un servicio invaluable, porque abre el acceso a la información pública y protege la privada.

La Corte ha devuelto el INAI a la ciudadanía. La Corte va.