En la sañosa ofensiva del presidente López Obrador y sus mayorías en el Congreso contra el Poder Judicial federal y su titular, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, no hay duda sobre quién disparó primero.
Los ataques han provenido siempre del Poder Ejecutivo motivado por tres hechos que contrarían fuertemente al mandatario:
a) la exhibición de su incondicional en el Pleno de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, como plagiaria de tesis académicas para titularse de licenciada y doctora en Derecho;
b) que Piña no se haya puesto de pie al arribo de AMLO a un acto público sino hasta el momento en que el mandatario llegó al presídium, y
c) que los ministros, con pleno derecho, ganen en efectivo, más que el Presidente, aunque éste perciba infinitamente más en especie y cuente con asistencia y servicios de costos incuantificables y multimillonarios que, parodiándolo, “no tuvo ni Obama”.
(La idea original del insensato límite salarial fue del ex presidente Felipe Calderón.)
Para la nueva embestida se emplean inclusive insultos directos: el Presidente llamando cínicos a los ministros y de manera directa a la ministra Piña, en tanto que su coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, califica de mafiosa la solicitud de un aumento presupuestal.
No existe precedente en México de una agresión de Poder a Poder de tal magnitud, quizá porque la Constitución define al Supremo Poder de la República como el integrado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: tres en uno.
Con el antecedente de las ofensas y la sospecha fundada de que la Presidencia y sus mayorías legislativas castigarán al sistema federal de justicia reduciendo al máximo sus necesidades presupuestales para 2024, la presidente de la Corte encabezó antier una insólita reunión del Pleno de ministros, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral, lo que irritó tanto a López Obrador que dijo ayer en su mañanera:
“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidente, por eso son predecibles. Aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides (…). Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional (…). No es que les haga falta, tienen de más porque, además del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos...”.
Y Mier:
“Es una afrenta para el pueblo de México y sus representantes populares”. Lo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente “lo han vuelto un proceso de señales mafiosas”.
Con tales “diagnósticos”, el Presidente ha de lamentar no contar con la mayoría calificada de legisladores (al menos dos tercios del total de senadores y diputados), porque la intensidad de su desprecio da para que, si pudiera, disolviera el Poder que tanto detesta.