Los grabaron mientras los asesinaban y despojaban de sus armas, sus chalecos tácticos, sus radios, sus cargadores.

“Con los kaibiles no se juega”, decía la voz de un hombre que se carcajeaba. La cámara captaba el racimo de cadáveres sanguinolentos al que los hombres que viajaban en una camioneta negra se habían reducido.

Habitantes de la comunidad de Piedra Labrada, en Chicomuselo, Chiapas, habían escuchado el ruido de armas de fuego. Hallaron tirados en el camino que lleva a Siltepec entre seis y ocho cuerpos, así como una Tacoma negra agujerada por las balas.

Algunos cadáveres habían quedado en la batea, otros estaban regados alrededor de la unidad. No tenían armas. Corrió la versión de que los muertos eran migrantes chiapanecos que regresaban a sus pueblos desde Tijuana.

Se había tratado, en realidad, de un choque armado o, probablemente, de una emboscada. Los protagonistas: miembros del grupo conocido como El Maíz, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación, y hombres del Cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Jesús Esteban Machado Meza, El Güero Pulseras.

La frontera chiapaneca con Guatemala se halla inmersa en el mismo torrente de violencia que hoy ahoga otras regiones de México. Queda la impresión de que en municipios como Comalapa, Amatenango, Motozintla, Siltepec, Chicomuselo, Bella Vista, El Parral y Villa Corzo, ocurre exactamente lo mismo que en municipios de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Morelos…

Enfrentamientos, desapariciones, bloqueos en carreteras, quema de autos y camiones, movimiento de vehículos blindados repletos de gente armada, pueblos arrasados con cientos, a veces miles de desplazados, suspensión de clases, paralización del transporte público, cierre de negocios, retenes impuestos en los caminos por integrantes del crimen organizado y cobros de piso a las actividades comerciales y productivas.

Exactamente la misma película.

Ayer se juntó todo eso en al menos seis municipios fronterizos. Le prendieron fuego a un tráiler en Amatenango, se suspendieron clases en Chiapa de Corzo, bloquearon carreteras en Siltepec, se movilizó gente armada en El Parral.

Los audios del terror comenzaron a circular por WhatsApp: “Aguas, me informan que en Jericó, municipio de Parral, pasaron a rompe madre unas 20 trocas rumbo a Revolución Mexicana… Andan armados hasta los dientes”.

“Compañeros, me acaba de tocar presenciar… la verdad estoy temblando de miedo… son 15 camionetas que van llenas de gente armada, frente de la casa bajaron a un señor, lo tiraron en la carretera… Nunca había presenciado esa magnitud de gente armada, con los cristales abajo y apuntando”.

“La empresa va a empezar a trabajar macizo, a toda la gente que ande haciendo cosas indebidas, que ande apoyando a los lacras de allá… no les vamos a tener ni corazón ni piedad a nadie… Cuando vean a las patrullas de nosotros (ábranse) porque no vamos a respetar. Nos vamos a llevar al que se ponga enfrente”.

En mayo de este año un enfrentamiento que duró cuatro días dejó bajo el fuego cruzado, y encerrados en sus casas, a los habitantes de Lajerío, en el municipio de Frontera Comalapa.

Bajo ese escenario de guerra, los hombres de la localidad tuvieron que esconderse para no ser víctimas de reclutamiento forzado. Vecinos atrapados en la balacera pedían ayuda desde la caseta telefónica e informaban que los grupos criminales estaban entrando en las casas para reclutar a los jóvenes: “De las casas los sacaron”, dijeron. Los que pudieron, huyeron hacia las montañas.

Estuvieron cuatro días sin Estado y sin nadie. El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció el desplazamiento forzado de cerca de tres mil personas: “Ninguna autoridad hasta el momento hace nada, dejando al pueblo en absoluto abandono y a su suerte… Lo que ocurra es responsabilidad plena del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón”, señaló en un comunicado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció la manera brutal en que muchachos de diversas comunidades eran reclutados por la delincuencia y acusó: “Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano”.

Habitantes de los municipios que se encuentran bajo la bota de la organización El Maíz revelaron que comerciantes, locatarios y “hasta boleros y vendedores de chicle” eran obligados a acudir a bloqueos carreteros ordenados por el crimen organizado, so riesgo de ser desaparecidos, tableados, castigados con tres días de encierro e incluso con la pérdida de sus locales.

Se ha detectado que las obras del Tren Maya modificaron las rutas del tráfico de personas y mercancías. Esto provocó que desde mediados de 2021 se intensificaran los enfrentamientos, hasta llegar, del brazo del silencio de las autoridades, a los niveles brutales que se están viviendo hoy.

La frontera en llamas: una herencia más del obradorismo.