Al empezar la década de los noventas del siglo pasado, México cambió su estrategia de desarrollo. Quería recuperar la estabilidad económica perdida, crecer más rápido y con mayor inclusión social.

Contuvo la inflación, renegoció su deuda externa, achicó el Estado, liberalizó su economía y se abrió al mundo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que siguieron muchos otros.

Se recuperó con razonable rapidez del catastrófico año de 1994, se volvió un país estable, dejó de depender de la exportación de petróleo y se volvió una potencia fabril, que exporta hoy más que toda América Latina.

México resistió la competencia comercial de China, a partir de la entrada de ésta a la Organización Mundial de Comercio, en 2001. Resistió también, con un rápido control de daños, la crisis global de 2008 y 2009.

Paralelamente, México creó programas de combate a la pobreza que ganaron fama mundial, y fueron replicados en otros países.

Mejoró también su educación, haciendo pasar la escolaridad de la población trabajadora de 6.7 años promedio en 1990 a 9.7 promedio en 2018.

Fue el país de América Latina que recibió más inversiones en esos años, mayores incluso, en proporción a su tamaño, que las de sus socios desarrollados, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, México creció a un ritmo menor que en las décadas previas, las del llamado Desarrollo Estabilizador. Y, aunque millones de mexicanos salieron de la pobreza, el cuadro de desigualdad se acentuó y el salario promedio no aumentó.

¿Por qué?

Esta es la pregunta que responden Santiago Levy y Luis Felipe López Calva en su ensayo ¿Qué falló? México 1990-2023 (Nexos, agosto 2023).

La respuesta es que, pese a todas las condiciones favorables, la productividad no creció. ¿Por qué?

Porque, fuera de la zona TLC, siguió habiendo poca competencia económica, mucha economía informal y pobre Estado de derecho.

La llamada 4T no corrigió estos problemas. De hecho, los agravó, porque no tocó las fallas estructurales de la estrategia adoptada en los 1990s: baja competencia económica, alta informalidad laboral, ilegalidad rutinaria.

Y un error clave: confundir programas sociales con inclusión social; peor aún: con Estado de bienestar.