La austeridad sin adjetivos (aunque se insista en apellidarla “republicana”) bien puede lograrse de manera institucional entre poderes tan independientes como el Ejecutivo y el Judicial.

Pero si se impone la voluntad de uno solo arguyendo contra el otro sobados lugares comunes, insultos y generalidades, lo que sea que resulte quedará envenenado

Ante la solicitud del presupuesto presentado por el Poder Judicial federal para 2024, la Presidencia de la República y sus mayorías diputadiles han dado sobradas muestras de que no quieren saber ni escuchar ni debatir ni “ahorrar”, sino castigar a un contrapeso constitucional clave que mucho los irrita.

En su mensaje por el quinto informe, el presidente López Obrador amenazó de nuevo:

“Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos…”.

Luego entonces, la reforma que promovió y se aprobó cuando el ministro Arturo Zaldívar presidía el PJF no sirvió de nada.

Según sus palabras, piensa que ese poder es algo semejante a una pandilla del crimen organizado.

(Insistió asimismo en que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, como en Bolivia, donde ha sido un fracaso estrepitoso).

Para el coordinador de la mayoría morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, es “mafiosa” la actitud asumida por la presidente del PJF, Norma Lucía Piña Hernández quien, en un acto insólito, ante el Pleno de ministros, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, razonó la necesidad de que se le asignen a ese poder algo más de 84 mil millones de pesos, 80 por ciento de los cuales es para el pago de salarios de sus alrededor de 55 mil servidores públicos.

De esta guerra insensata la iniciativa ha sido del Ejecutivo, seguido por sus comparsas en el Congreso.

En esta fase de la embestida, sospechosamente, y a diferencia de otras instituciones (por ejemplo el INE) en que sin precisar montos ni porcentajes se habla de recortes, el mismo Ignacio Mier anticipó ya que los diputados quitarán 25 mil millones de pesos a los 84 solicitados.

No parece casual que la cifra se aproxime a la del monto de los fideicomisos que tanto han echado en cara a Piña Hernández para decirle que son parte de los “privilegios” de que gozan los ministros del Pleno.

El único otro “argumento” es que los 11 ganan en efectivo más que el presidente omitiendo, mañosamente, que en especie y prestaciones López Obrador gana infinitamente más.

Uno de los fideicomisos satanizados es el de jubilación y pensiones, instituido para el retiro de juzgadoras y juzgadores, recurso que no debe, por ley, tener otro destino que éste, creado para reforzar la independencia y probidad de jueces, magistrados y ministros.

Aguas, bancadas de Morena y asociados: con la reducción de 25 mil millones no van a acabar con los fideicomisos, pero sí a matar al Poder Judicial federal…