De cara al siguiente sexenio, el Movimiento Regeneración Nacional asume que “garantizar la continuidad de este proceso transformador es un deber insoslayable e irrenunciable para llevarlo a una segunda etapa de avance, extensión y profundización”, según reza la presentación del documento Proyecto de Nación 2024-2030.
En esa introducción del documento de medio centenar de páginas, elaborado en las últimas semanas a partir de mesas y foros en todo el país, Morena subraya que “el país carga aún con la herencia nefasta de leyes injustas, inmorales o anacrónicas que deben ser derogadas, reformadas o sustituidas. En tal circunstancia, se presenta con frecuencia la disyuntiva de optar entre la justicia o la ley. Para superarla, es obligado proceder a realizar cambios de fondo en el marco legal, e incluso en el constitucional, ciñéndonos a los cauces determinados para ello en las leyes mismas”.
Ese documento se presenta como “la tercera actualización del Proyecto alternativo de nación que Andrés Manuel López Obrador escribió y publicó en 2004″.
Al respecto del mismo, Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, dijo el viernes pasado que el texto es un “borrador” que van a enriquecer a fin de construir “lo que yo llamo el segundo piso de la transformación”.
Tuve acceso a una copia de ese “borrador”. Enseguida transcribo algunos párrafos. No se debe prejuzgar que esta es una selección de propuestas o reformas “buenas” o “malas”. Puse lo que me llamó la atención, y no todo porque sería imposible en una nota periodística.
Además de la presentación, el Proyecto tiene 13 capítulos (los que incluí ustedes los podrán identificar porque están en números romanos), con sendas introducciones que explican o dan contexto a algunas de las propuestas específicas que luego se plantean para cada rubro. De esos textos introductorios prácticamente no cito nada.
¿Qué propone Morena sobre las Fuerzas Armadas en 2024-2030? ¿Qué pasaría con el glifosato y el maíz transgénico? ¿Habría nuevos programas sociales como un seguro de desempleo? ¿Qué les gustaría a los lopezobradoristas para el INE o el Tribunal Electoral?...
Estos son fragmentos de la partitura de reformas y programas que Morena propone a su abanderada ejecutar en caso de ganar la Presidencia de la República en 2024:
I. La regeneración de las instituciones
1. Una reforma judicial que lleve transparencia, austeridad y probidad a las instituciones de impartición de justicia del país que establezca una tajante y aséptica separación entre el trabajo de los tribunales y jueces y el poder corruptor de capitales, grupos de interés y organizaciones delictivas; que ponga al Poder Judicial al servicio no de las élites, como ha sido hasta ahora, sino de la población en su conjunto, y que convierta a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en mandatarios, es decir, en receptores de un mandato del pueblo. Es preciso asimismo el establecimiento de un órgano externo de fiscalización administrativa del Poder Judicial.
2. Una reforma política que reduzca los desmesurados poderes que actualmente poseen el INE y el Tribunal Electoral sobre los partidos; que disminuya en forma significativa el altísimo costo del aparato burocrático encargado de organizar, supervisar y calificar los procesos electorales; que obligue a los partidos políticos a operar principalmente con aportaciones de sus militantes y simpatizantes y que establezca sobre tales aportaciones una rigurosa fiscalización; que asegure, más allá de la simulación, la verdadera limpieza de las elecciones, y que elimine el espíritu crecientemente mercantil de las campañas y procesos comiciales: el electorado no es mercado, las candidaturas no son ofertas y las plataformas políticas no son productos. (….) Asimismo, dicha reforma deberá establecer la revocación de mandato en todos los niveles de gobierno y extenderla a los poderes Judicial y Legislativo, Se modificará el llamado ‘modelo de comunicación política’ en materia electoral que coloca equivocadamente al INE como regulador de medios de comunicación y de redes sociales, al otorgarle el poder de imponer multas y ejercer la censura previa y posterior.
3. Una reforma de medios que separe el poder político del poder mediático con todos sus excesos e imposiciones y establezca condiciones de libertad para los trabajadores de la comunicación, quienes hoy se enfrentan a la concentración del poder mediático. Esta reforma fortalecerá el modelo de medios públicos, dará certeza y viabilidad a los medios comunitarios y sociales frente a las concesiones privadas. (…) La reforma de medios estará orientada asimismo al establecimiento de derechos digitales y a la democratización de Internet. Se garantizará la neutralidad de la red y se garantizarán los derechos digitales de toda la población (protección de datos y ciberseguridad; derecho a la no discriminación en el entorno digital; derecho a la educación digital; derecho a un entorno digital sostenible; libertad de expresión; derecho a la portabilidad, interconexión y conectividad) y se garantizará el financiamiento para que todas las localidades del territorio nacional cuenten con última milla de voz y datos; se fortalecerá la creación de plataformas digitales nacionales, impulsando a las escuelas y centros públicos de tecnologías de la información y se vinculará el nuevo modelo de medios públicos con las políticas de alfabetización digital, creación de plataformas propias y modelos de educación digital y de salud digital.
6. La extinción, readecuación o relocalización constitucional de organismos autónomos o descentralizados, cuyo papel, en los hechos, es impedir la ejecución de políticas públicas en favor del país y de la población y poner tales políticas al servicio de intereses de grupos político-empresariales que siguen anhelando la restauración del régimen oligárquico y privatizador para recuperar los negocios ilícitos e inmorales que perdieron.
9. Restablecer , en general, el poder rector del Estado en el desarrollo y se impedirá todo intento de sobreponer el poder de minorías políticas, económicas o mediáticas por encima del interés público.
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II. El combate a la corrupción
5. Establecer la obligatoriedad de celebrar audiencias públicas periódicas para titulares de secretarías de Estado y presidentes de organismos autónomos y paraestatales.
6. Identificar a los funcionarios públicos que han incurrido en prácticas de corrupción.
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III. Economía mixta, pero sin abandonar la responsabilidad social del Estado
1. Impulso a los sectores productivos
• Consolidar el papel del sector público como actor central en sectores como el de la energía, las telecomunicaciones y la creación de infraestructura.
2. Política laboral
• Continuar la recuperación salarial hasta alcanzar, por lo menos, el poder adquisitivo existente antes de la imposición del modelo neoliberal en la década de 1980. Los incrementos se diseñarán de tal manera que no tengan un impacto inflacionario.
• En el largo plazo, el sistema de pensiones individualizadas heredado del periodo neoliberal debe reemplazarse por un sistema público que garantice un retiro digno a los trabajadores. Además de ser una cuestión de justicia social, se trataría de un poderoso estímulo a la formalidad laboral.
• La denegación de derechos laborales es flagrante entre las aplicaciones de la mal denominada economía colaborativa, que registran a sus trabajadores como socios a fin de negar la mera existencia de un vínculo laboral. Los choferes, repartidores y otras figuras que participan en otros esquemas deben ser protegidos por las leyes como cualquier otro trabajador; en especial por la naturaleza riesgosa de sus actividades.
• Se instaurará un seguro de desempleo a nivel nacional que facilite la transición de un trabajo a otro e impida que una coyuntura desafortunada condene a un trabajador a la informalidad. El seguro incluirá controles como la asistencia de las personas desempleadas a cursos y capacitaciones que potencien su capacidad de reintegrarse a la vida laboral.
• Las licencias de maternidad y paternidad no sólo abarcarán periodos iguales, sino que serán obligatorias para ambos progenitores. De este modo, se desincentivará la discriminación que sufren las mujeres por la reticencia de los empleadores a cubrir sus licencias de maternidad.
3. Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
• Impulsar la soberanía tecnológica y priorizar el desarrollo de tecnología en entidades del sector público, principalmente el Conahcyt, así como la elaboración de soluciones de software libre o código abierto.
• Privilegiar el alojamiento de la información en territorio nacional y en instalaciones del Estado.
• Privilegiar el almacenamiento e intercambio de información en formatos basados en estándares abiertos.
• Se realizarán las adecuaciones legales necesarias y se adoptarán las medidas pertinentes para evitar que las redes sociales impongan una narrativa única en la discusión pública a través de censura directa o de algoritmos que sobredimensionan o invisibilizan temas bajo criterios discrecionales.
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IV. Bienestar y justicia social
• Se diseñará un Programa de Cero Pobreza Extrema, con el propósito de avanzar en la eliminación de este vergonzoso flagelo social.
• La Secretaría del Bienestar coordinará una red nacional de comedores públicos gratuitos, con alimentos saludables, para garantizar que nadie en el país padezca de hambre.
• Se establecerá el Seguro de Desempleo, en primera instancia para trabajadores formales.
• Se implantará un Sistema Nacional de Cuidados para capacitar y remunerar a personas dedicadas a cuidar a niños, enfermos, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que muchas veces las obliga a renunciar a un trabajo pagado. Esta carga laboral, que habitualmente gravita sobre las mujeres, debe ser reconocida como un trabajo socialmente indispensable. Para ello, se requiere establecer una red de servicios de cuidados con acceso universal, público y gratuito para toda la población, en corresponsabilidad con las familias, la comunidad y las empresas, pero bajo la rectoría del Estado.
• Impulsar la igualdad económica de las mujeres con justicia social, pues aún se les discrimina y margina del trabajo digno, no tienen pleno acceso al producto de su trabajo y a la propiedad de la tierra, carecen de autonomía económica, y existen grandes rezagos entre las campesinas y las jornaleras rurales. Las mujeres indígenas, gran parte de ellas también rurales, suman todas las discriminaciones por la naturaleza multifacética de su identidad.
• Garantizar el acceso a la justicia, con la transformación del poder judicial –una institución machista que debe convertirse en un verdadero instrumento para el acceso a la justicia–, centrando los esfuerzos en la prevención de la violencia, su pronta atención con perspectiva de género y pertinencia cultural y la reparación del daño para las víctimas en un contexto de reconstrucción del tejido social.
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V. Rescate del campo y autosuficiencia alimentaria
• Se persistirá en la política de autosuficiencia alimentaria para producir nuestros propios alimentos básicos, a la par que nuestros insumos productivos y los conocimientos científicos y tecnológicos con base en el Conahcyt, los Centros Públicos de Investigación y las universidades públicas, sin transgénicos ni glifosato ni otros plaguicidas altamente peligrosos, con transición agroecológica, con prioridad a los productores de pequeña y mediana escala y en la producción y acceso universal de alimentos saludables.
• Se continuarán y extenderán los programas Sembrando Vida, Bienestar para el Campo, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, BienPesca y Precios de Garantía. Tales programas se aplicarán de manera que los subsidios no generen dependencia sino que terminen cuando las economías apoyadas se hayan vuelto ambiental, económica y socialmente sostenibles.
• Se creará un programa de apoyo a productores agropecuarios medianos.
• Se establecerá un Plan Nacional de Agroecología para abandonar en forma programada el uso de agroquímicos y sustituirlos por compuestos naturales y orgánicos, así como para realizar talleres de capacitación para superar el monocultivo, promover la milpa y los cultivos MIAF e instalar biofábricas de gestión comunitaria que aprovechen la biomasa y reduzcan la dependencia a fertilizantes y pesticidas químicos.
• Se llevará a cabo un programa de relevo generacional en la agricultura para 500 mil jóvenes agricultores utilizando y articulando diversos programas prioritarios tales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida e IMSS Bienestar.
• Se ampliará el Decreto Presidencial para prohibir el maíz transgénico, el glifosato y todos los plaguicidas altamente peligrosos.
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VI. Medio ambiente, territorio, población y recursos naturales
• Siguiendo la política del actual gobierno, no se otorgarán nuevas licencias para explotaciones mineras, con la excepción del litio, cuya extracción será operada y regulada por el Estado; se buscará disminuir los plazos de vencimiento de las concesiones ya otorgadas.
• Se establecerán severas limitaciones legales y cargas fiscales especiales a los plásticos de un solo uso en todo el territorio nacional, con excepción de los sectores médico y científico.
• Se emprenderá la construcción de la segunda etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.
• Se proseguirá en el desarrollo del Ferrocarril Interoceánico y de los parques industriales y zonas económicas a su alrededor.
• Se diseñará y ejecutará un programa de expansión de la red ferroviaria nacional, a cargo del Estado.
• Se recuperará la navegabilidad en ríos como el Usumacinta-Grijalva, el Papaloapan, el Coatzacoalcos y el Lerma, a fin de impulsar sistemas de transporte fluvial eléctrico de tecnología nacional como mecanismo de impulso a la movilidad regional, aliento al turismo y complemento de las obras aeroportuarias, ferroviarias, carreteras ya realizadas, y con pleno respeto al entorno ambiental y social.
• Se establecerá un Documento de Identidad oficial para todas las personas que residan en el territorio nacional.
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VII. Energía y transición energética
• Se derogará la reforma energética privatizadora de 2013.
• El Estado garantizará la autosuficiencia eléctrica sustentable.
• Se establecerá el acceso a la electricidad como derecho humano.
• Se construirá una nueva refinería para consolidar la autosuficiencia en hidrocarburos.
Se alentará la producción eléctrica y de biocombustibles por parte de comunidades, ejidos y uniones de pequeños propietarios en generación distribuida, explotación colectiva y fuentes renovables (fotovoltaica, eólica, microhidráulica, geotérmica y otras) para lograr la reducción del uso de combustibles fósiles, un incremento en el ingreso de los productores, el aprovechamiento de su organización social y el establecimiento de una red de estaciones de carga para transporte eléctrico en todo el territorio nacional;
e) Se aprovechará la biomasa generada por las actividades agropecuarias para la producción de biocombustibles;
f). En las ciudades, se impulsará la generación fotovoltaica y eólica comunitaria o cooperativa en barrios, manzanas, multifamiliares y mercados, así como la generación privada con renovables en establecimientos industriales, centros comerciales, deportivos y de reunión; todos los edificios gubernamentales deberán contar con generadores fotovoltaicos y/o eólicos;
g) El objetivo sexenal de estas medidas será generar con ellas la mayor parte de la electricidad de bajo voltaje que se consume en el país (bombeo y riego, uso doméstico, iluminación de espacios públicos, etc.), liberando de esta tarea a la CFE, de modo que ésta pueda concentrarse en la generación de corriente de medio y alto voltaje. A treinta años, el objetivo de la transición será la sustitución del 87% de energía primaria de nuestra matriz energética.
h) La suma de la producción en pequeña escala de biocombustibles permitirá atenuar las exigencias actuales de Pemex, a fin de que esta empresa pueda liberar recursos para destinarlos al desarrollo de la petroquímica secundaria.
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VIII. Salud, alimentación y espacios saludables
• Se proclamará la protección de la salud como un derecho humano fundamental y se establecerá la obligación del Estado de garantizar este derecho.
• Se promulgará la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, en concordancia con los derechos a la alimentación, a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.
• Se emprenderán acciones regulatorias en materia de publicidad
• Se creará la Secretaría de Salud Mental, con personal, programas, presupuesto y ley orgánica propios.
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IX. Derecho a la educación
• Se planteará como objetivo reducir a 0 el analfabetismo.
• Se refundarán las escuelas normales para fortalecer su misión histórica y se hará efectiva la asignación de la plaza automática para todos los egresados de ellas, a fin de que se desempeñen en las más de 100 mil pequeñas escuelas existentes en las comunidades rurales más incomunicadas del país.
• Se propondrá la eliminación de todas las referencias a “excelencia educativa” o “educación de excelencia” en la Ley General de Educación.
• Se universalizarán las becas a estudiantes del nivel medio de la enseñanza pública.
• Se ampliarán y extenderán los apoyos económicos al estudiantado de escasos recursos, a las estudiantes que son madres solteras y a los estudiantes con discapacidades.
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X. Seguridad, paz y justicia
• Se promoverán las reformas legales necesarias para facilitar la instauración de procesos de justicia transicional que garanticen el esclarecimiento, la impartición de justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
• Se convocará al debate público para analizar la pertinencia de transitar de lógicas prohibicionistas a marcos regulatorios de diversos estupefacientes.
• Se ampliarán las acciones gubernamentales de búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con sus familias y con sus agrupaciones. Se establecerá un programa nacional de recuperación de carpetas de investigación extraviadas o abandonadas.
• Se consolidará la Guardia Nacional como un cuerpo de paz y una corporación policial de proximidad con presencia en todo el territorio y se creará dentro de ella una Agencia de Investigación Nacional. Para ello, se propondrán cambios constitucionales a los artículos 22, 73, 89, 129, a fin de dotar a las policías de facultades de investigación; aumentar las facultades del Congreso en la expedición de leyes sobre seguridad interior y no sólo sobre seguridad nacional; ampliar el ámbito de empleo de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo federal para el desarrollo nacional y el bienestar de la población; asimismo, se propondrá modernizar y actualizar el Sistema de Seguridad Nacional en normas constitucionales que le otorguen facultades, atribuciones, responsabilidades y ámbitos de competencia.
• Se propondrá un debate nacional para determinar si es necesario aumentar los recursos federales para las corporaciones policiales municipales o si tiene más sentido desaparecerlas e incorporar a sus efectivos a las policías estatales.
• Se reforzarán las investigaciones sobre los posibles nexos entre redes de corrupción y jueces, ministerios públicos y otros funcionarios.
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XI. Política de medios
• Se creará una institución pública de verificación (fact checking) para combatir la creciente infodemia.
• Se institucionalizarán las conferencias de prensa de la persona titular del Ejecutivo como un mecanismo permanente de comunicación, información y rendición de cuentas con los ciudadanos y con los medios.
• Se consolidará la separación entre el poder mediático y el poder político. Los excesos e imposiciones que acarrea la concentración mediática se combatirán en beneficio de las audiencias, pero también de los periodistas y comunicadores, cuya labor se ve restringida de manera indebida por intereses corporativos ajenos a la libertad de expresión e información.
• Se fomentará la creación de nuevas alternativas comunicacionales que den voz a quienes han sido marginados históricamente. Para el monopolio de la voz pública establecido por los grandes medios y democratizar la comunicación se requiere dar viabilidad a los medios comunitarios. Las concesiones privadas permanecerán, pero no deben ser el modelo dominante.
• Se promoverán códigos de ética para todos los medios de comunicación, públicos y privados. La base de tales códigos será el respeto a la dignidad de las personas y el combate a la infodemia.
• Más allá de los códigos de ética, se legislará para evitar que los medios sean vehículos de revictimización de las víctimas de desaparición forzada, feminicidio, homicidio o cualquier hecho delictivo. En particular, se protegerá la dignidad post mortem: el morbo y el amarillismo no pueden ponerse por encima de la dignidad humana.
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XIII. Contra barbarie, cultura
• Se exentará del IVA a las librerías.
• Se asegurará el 30% de pantalla para el cine mexicano.
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Reitero, el texto es mucho más extenso pero con esto ya cada quien se puede hacer una idea de lo que militancia y dirigencia de Morena plantean para el futuro inmediato.