Las actuales tendencias sobre el acceso a la información pública han venido a formar nuevos pensamientos sobre lo público y lo privado; los ciudadanos hoy en día cuentan con mayores herramientas que les permiten enterarse de manera directa cómo y de qué forma, realizan los encargados del poder sus actividades.
Rompiendo la tradición que existía en nuestro país sobre el secreto y en una búsqueda perpetua de instituciones más democráticas y transparentes, se dio origen a la denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se ha tratado de dotar a la población mexicana de mecanismos y una verdadera cultura de rendición de cuentas.
En este orden de ideas, el acceso a la información pública representa hoy en día un reto para todo el país, pero podemos mencionar que en especial, para los órganos jurisdiccionales en materia electoral, esto debido principalmente al doble papel que debe protagonizar, en ocasiones como vigilante y otras como sujeto obligado de los principios que rigen el derecho acceso a la información.
Debemos tener presente, que el acceso a la información en materia jurisdiccional no puede encontrarse reducido solamente a conocimiento de jurisprudencias y sentencias relevantes, sino que va más allá, al grado de tener que dar a conocer los medios por los cuales se dirimen las controversias y el estado de cada una de ellas, lo que se contrapone al derecho de privacidad que tienen las partes en conflicto dentro de un juicio.
Asimismo, es necesaria la existencia de mecanismos que permitan a la población entender y comprender de mejor manera las tareas que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales; pero siempre buscando resguardar los datos personales y el patrimonio de las personas, punto que de acuerdo a cada perspectiva conlleva grandes controversias
Es indiscutible que los gobiernos están obligados a rendir cuentas de sus actos en todos los niveles jerárquicos y brindar al pueblo la información sin restricciones. Debemos comprender como ciudadanos que la corrupción es un hecho que ésta a la vista de todos, por lo tanto, estamos obligados a participar en su combate.
Dentro de los esfuerzos realizados por los representantes del poder público, por dotar de certeza y certidumbre a la ciudadanía sobre las actividades que son llevadas a cabo en su función, se ha tenido a bien insertar en los estados democráticos un acceso efectivo a la información pública; garantía con la cual se pretende que cualquier ciudadano sin distinción alguna pueda obtener información, informar y ser informado, sobre las actividades que tiene a bien desarrollar la autoridad correspondiente, las cuales deben ser acordes al encargo que tenga encomendado.
Cabe señalar al respecto que el máximo organismo jurisdiccional de nuestro país, ha destacado que el acceso a la información es un derecho central del estado constitucional, con dos facetas, ya que por un lado, asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y por otro goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, concibiendo el derecho a la información como un cimiento de la democracia y con ello un aspecto de fortalecimiento del estado de derecho.
En lo que atañe a la impartición de justicia en materia electoral, es necesario establecer dos vertientes sobre las que tendrá que ser observado el acceso a la información de justicia; el primero de ellos, de carácter administrativo en el que los gobernados puedan conocer entre otros temas: la preparación educativa con que cuentan los juzgadores, así como la carrera judicial que han llevado a cabo, los resultados de las pruebas de evaluación que les sean practicadas, las funciones bajo las cuales se desempeña, así como los resultados obtenidos a lo largo del encargo; todos estos aspectos con la finalidad de que el ciudadano cuente con las herramientas suficientes que fortalezcan una verdadera credibilidad y a su vez le otorguen legitimidad a las decisiones que en el ejercicio de sus funciones la autoridad emita.
Por otra parte, encontramos el aspecto jurisdiccional en el cual la autoridad tiene la obligación de dar a conocer la forma y los medios por los cuales determina dictar una resolución, además llevando a cabo las discusiones de una manera pública con la finalidad de otorgar certeza a él o los sentenciados de que la resolución tomada obedece a las disposiciones que al caso concreto debieron establecerse. En este orden de ideas, es necesario que las resoluciones relevantes, se den a conocer a la población por medio del uso de las nuevas tecnologías, es decir, se logre su publicación digital, además de que se realicen en un lenguaje sencillo, sin deja de lado el aspecto jurídico.
El acceso a la información dentro de los órganos jurisdiccionales, es una realidad que hoy no podemos negar y es necesario otorgar de herramientas que sean eficaces y factibles para su realización por parte de la población mexicano, ya que con esto se logrará consolidar la democracia del país y por ende el futuro del mismo.