En el Presupuesto para el 2024 que fue entregado el viernes pasado a la Cámara de Diputados se asignan recursos por 1 billón 499 mil millones de pesos para el pago de pensiones.

Además, habrá otra partida de 465 mil millones de pesos para la llamada pensión del bienestar para adultos mayores.

En total, suman estos montos 1 billón 964 mil millones de pesos.

En el caso de las pensiones fondeadas por el gobierno, se trata de compromisos legales y contractuales que el gobierno tiene con derechohabientes del IMSS, del ISSSTE y de otros sistemas.

Para que dimensione la magnitud de este pago, observe que la nómina total del sector público prevista para el próximo año es de 1 billón 749 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que las contribuciones para pensiones y el beneficio social de la pensión del bienestar ya superan en 215 mil millones de pesos a la nómina completa del sector público.

En el caso de la pensión para adultos mayores, se trata de un derecho constitucional, que, por decisión de política pública, tendrá un incremento de 25 por ciento en su monto individual para el próximo año.

La reforma que estableció este derecho en el artículo cuarto constitucional se aprobó en 2021.

En 2022, el presupuesto para este programa fue de 238 mil millones de pesos. Es decir, el incremento en solo dos años habrá sido de 95 por ciento.

Es obvio que en el futuro no se podrán dar incrementos semejantes, pero la presión de gasto allí estará.

En cuanto a las pensiones fondeadas por el gobierno, en 2022 se presupuestó 1 billón 172 mil millones de pesos. En dos años, el incremento será de 28 por ciento.

Para que tenga una idea del peso específico que hoy ya tiene ese gasto, basta con señalar que equivale al 72 por ciento del todo el ISR que se espera recaudar el próximo año en México.

Aun cuando en el futuro se modere el crecimiento de los pagos por pensiones, estos no van a dejar de crecer en términos reales simplemente por las tendencias demográficas que existen en México.

Si nos ponemos conservadores y consideramos que el incremento en dos años más pudiera ser de 20 por ciento, estaríamos hablando de un desembolso de 2 billones 356 mil millones en 2026, lo que significa un incremento de casi 400 mil millones respecto a lo previsto para el próximo año.

El ritmo de crecimiento de la población mayor a 65 años es varias veces superior que el crecimiento general de la población, por lo que, simplemente por ese impacto, se necesitarán recursos adicionales.

No será la única fuente de demanda de recursos adicionales, pero sin duda sí la más importante.

Le he planteado en este espacio que la siguiente administración, la encabece quien la encabece, va a requerir de cambios fiscales en tasas y bases, e incluso de nuevos impuestos.

No hay posibilidad de que simplemente por efecto de la mayor eficiencia en la recaudación se logren captar los recursos que se requieren.

Uno de los discursos frecuentes en el sector privado es que si se cobraran impuestos a los informales se obtendrían esas grandes cantidades de dinero.

Las dificultades prácticas para hacerlo son inmensas. Pero, además, por los bajos ingresos de la mayoría de los informales, es factible que la recaudación potencial fuera muy limitada.

Obviamente una reforma fiscal tendría un costo político elevado. No hay una que no la tenga.

Y quizás también se requerirían otros cambios en materia pensionaria, como el aumento en la edad de jubilación. Pero, creo que el capital político que tiene un gobierno entrante es precisamente para emprender acciones que eventualmente van a mermarlo.

En el caso de las pensiones, el destino ya nos alcanzó.

Qué bueno que haya más recursos para los pensionados, por justicia. Pero el problema es que necesitamos definir de dónde van a salir.

No hacer nada en los siguientes años, probablemente conduciría al riesgo de provocar una crisis fiscal de grandes magnitudes antes del término de la presente década.